Una funcionaria del condado de Arizona ha aceptado un acuerdo de culpabilidad tras ser acusada de retrasar la certificación de las elecciones de mitad de periodo de 2022 en el condado de Cochise, en el que alegó preocupaciones por la integridad de las elecciones.
La supervisora del condado de Cochise, Peggy Judd, entró en el acuerdo el 21 de octubre, declarándose culpable de un delito menor de clase 3 de negarse a cumplir con el deber de un funcionario electoral, lo que le permite evitar un delito grave del que ella y otro supervisor fueron acusados el año pasado por su decisión de retrasar la certificación del voto en las elecciones generales del 8 de noviembre de 2022 más allá del plazo legal.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, Judd será sentenciada a libertad condicional no supervisada durante 90 días y deberá pagar una multa de 500 dólares, según el fiscal general de Arizona, Kris Mayes.
«Cualquier intento de interferir con las elecciones en Arizona no será tolerado», dijo Mayes en un comunicado. «El acuerdo de culpabilidad y la sentencia de hoy deben servir como un fuerte recordatorio de que no dudaré en utilizar todas las herramientas disponibles para defender el estado de derecho y proteger la integridad de las elecciones de Arizona».
Judd y su compañero Supervisor del Condado de Cochise Tom Crosby, ambos republicanos, votaron en contra de certificar el escrutinio de votos del condado antes de la fecha límite de certificación del 28 de noviembre de 2022 establecida por la ley estatal.
En una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Cochise, durante la cual Judd votó en contra de certificar los resultados, citó la desconfianza en las máquinas de votación de la elección, junto con la falta de un recuento manual. Antes de las elecciones de mitad de mandato, tanto Judd como Crosby votaron a favor del recuento manual, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por una corte en respuesta a una impugnación legal.
Katie Hobbs, que en ese momento se desempeñaba como secretaria de Estado de Arizona, demandó al Condado de Cochise por la falta de certificación oportuna.
Hobbs alegó que, según la ley de Arizona, la junta estaba «obligada a reunirse y realizar el escrutinio de las elecciones antes del 28 de noviembre, pero la Junta no ha tomado esta acción requerida», argumentando que la inacción de la junta amenazaba con «privar potencialmente del derecho de voto a [decenas de miles de] votantes del condado de Cochise».
Finalmente, un juez estatal dictaminó el 1 de diciembre de 2022 que era ilegal que la junta no certificara los resultados de las elecciones.
El juez Casey McGinley de la Corte Superior del Condado de Pima encontró que la ley estatal es clara en cuanto a que la junta no tiene autoridad estatutaria para rechazar los resultados de una elección y tiene el deber no discrecional de escrutar los votos. El único caso en el que la junta puede retrasar el escrutinio más allá del plazo es si falta alguno de los resultados.
La decisión del juez dio lugar a una reunión de emergencia, en la que la junta del condado, incluida Judd, votó a favor de certificar los resultados en cumplimiento de la orden, con Crosby ausente ese día.
La imputación contra Judd y Crosby alega que, entre el 11 de octubre de 2022 y el 1 de diciembre de 2022, los dos conspiraron para retrasar el escrutinio de los votos emitidos en el condado de Cochise durante las elecciones de mitad de periodo, un delito grave. Además, alega que del 14 de noviembre al 28 de noviembre de 2022, la pareja interfirió a sabiendas con los deberes de los funcionarios electorales, impidiendo la transmisión oportuna de los resultados de las elecciones del condado a la oficina de Hobbs, también un cargo de delito grave.
Crosby, que se ha declarado inocente, todavía se enfrenta a los dos cargos de delito grave.
El acuerdo de Judd le permite evitar los cargos de delito grave y conservar su derecho al voto, junto con su escaño en la Junta de Supervisores del Condado de Cochise.
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