Una alta ejecutiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) no pudo decir a un subcomité de supervisión del Congreso cuándo se programará una sesión informativa solicitada hace cuatro meses sobre cómo procesa el gobierno la colocación de los menores no acompañados que cruzan a EE. UU. por la frontera sur.
«El 2 de marzo de 2023, el Comité [Judicial de la Cámara de Representantes] solicitó una sesión informativa general sobre el proceso de colocación de menores no acompañados (MENA) o una demostración del portal MENA. Han pasado más de cuatro meses y aún no hemos recibido la sesión informativa sobre los menores no acompañados ni la demostración del portal», dijo la representante Laurel Lee (R-Fla.) a la subsecretaria de Asuntos Legislativos del HHS, Melanie Egorin.
El intercambio se produjo durante la audiencia del 18 de julio del Subcomité de Capacidad de Respuesta y Responsabilidad ante la Supervisión del panel judicial, relativa a las respuestas de la Administración Biden a las peticiones y citaciones del Congreso para obtener información y documentos. Durante la audiencia también testificó Naz Durakoglu, subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Legislativos.
«¿Puedes decirnos en qué plazo podríamos programar esa sesión informativa? ¿Cuándo podemos esperar que se produzca realmente?», continuó la Sra. Lee en su interrogatorio a la Sra. Egorin.
«Congresista, cuando vuelva a mi despacho, haré que mi personal se ponga en contacto con su despacho para empezar a trabajar en ese asunto», respondió la Sra. Egorin.
Un portavoz del HHS dijo a The Epoch Times que «el HHS se ofreció repetidamente a celebrar una reunión informativa, incluso en una carta dirigida al Comité el 28 de abril de 2023. El Comité nunca respondió al calendario. El HHS sigue a la espera de su respuesta».
Preguntas sin respuesta
El republicano de Florida también preguntó a la Sra. Egorin sobre la incapacidad, durante una entrevista transcrita en mayo con los investigadores del comité, de la directora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), Robin Dunn Marcos, para responder a múltiples preguntas sobre la forma en que su personal se ocupa de los menores extranjeros no acompañados. Las preguntas se referían a temas como si los posibles patrocinadores de esos niños son examinados por funcionarios del HHS para garantizar que no se concede la custodia a traficantes de niños o delincuentes sexuales, y cómo lo hacen.
«Dunn Marcos no pudo facilitar información ni responder a una serie de preguntas formuladas durante una entrevista transcrita al comité: unas 30 preguntas a las que no pudo responder», dijo la Sra. Lee a la Sra. Egorin. «Por ejemplo, no pudo responder a preguntas sobre si la oficina que dirige tiene una política para remitir a miembros conocidos de bandas al Departamento de Justicia».
«Tampoco estaba segura durante la entrevista de si, durante su cargo, el HHS había trasladado alguna vez a un niño a un hogar donde viviera un delincuente sexual registrado, entre otras preguntas. También nos interesa saber a cuántos niños extranjeros no acompañados hemos perdido la pista durante este gobierno [de Biden]».
La Sra. Lee dijo a la Sra. Egorin que, aunque la Sra. Dunn Marcos prometió durante la entrevista dar respuestas posteriormente, la comisión sigue esperando recibirlas.
«Congresista, en este momento, desconozco en qué punto nos encontramos en cuanto a plazos», dijo la Sra. Egorin. «Me complace que mi personal trabaje con el suyo y le proporcione una actualización».
Los datos del gobierno muestran que más de 128,000 UAC fueron remitidos al HHS en 2022. El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS) afirma que es difícil determinar con seguridad el número real de UAC en Estados Unidos porque los jueces de los tribunales de inmigración desestiman miles de casos de este tipo.
Los demócratas del subcomité cuestionaron la necesidad de la audiencia, que era la cuarta que celebra en 2023, para examinar cómo responden los funcionarios de la Administración Biden a las peticiones de supervisión del Congreso.
«Creo que muchas de las preguntas que se han planteado me suenan a cuestiones de programación, francamente. Cuándo podemos conseguir esto, cuándo podemos conseguir aquello, cuándo puede mi personal reunirse con tu gente de allí. Realmente no creo que tengamos que dedicar tiempo de audiencia a esto», dijo el representante Glenn Ivey (D-Md.) en la audiencia.
Ivey señaló que tuvo que perderse otra audiencia «más sustantiva» en otro subcomité para poder asistir a la audiencia del panel de cumplimiento.
El representante Eric Swalwell (D-Calif.) condenó la audiencia porque «nos acercamos a los 500 días desde que el presidente [del Comité Judicial] [Jim] Jordan [(R-Ohio)] no ha cumplido una citación judicial legítimamente emitida por el mayor delito jamás cometido en Estados Unidos…».
El demócrata de California se refería a la irrupción en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 y a la citación judicial emitida contra Jordan por el comité selecto, intensamente partidista, nombrado por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), para investigar. Jordan argumentó que la citación era inconstitucional y parte de una venganza política.
Preguntado por la respuesta de la Sra. Egorin a la Sra. Lee, un portavoz de la mayoría republicana del panel judicial dijo a The Epoch Times: «Es ridícula y demuestra que el gobierno de Biden tiene miedo de la supervisión legítima del Congreso o es malo gobernando».
El presidente del subcomité, el representante Ben Cline (R-Va.), cerró la audiencia señalando que Jordan había dicho al director del FBI, Christopher Wray, que la falta de respuesta adecuada de la agencia a las peticiones de supervisión del comité «no era aceptable y que ya no podemos esperar más, y que este comité va a tomar medidas contra él y contra quienes sigan retrasando, ofuscando y negándose a facilitar información».
Cline dijo entonces a la Sra. Egorin y a la Sra. Durakoglu que «esperamos, con suerte, obtener información de las dos, y esperamos, con suerte, no tener que tomar más medidas para la producción de esos documentos». Cline se refería a la posibilidad de que el panel judicial enviara una citación a los funcionarios del HHS y del Departamento de Estado si no se facilitaban los documentos y la información solicitados.
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