El legislador republicano que encabezó la nueva ley Santuario de la Segunda Enmienda de Arizona describió la reciente aprobación en Tucson de una resolución que defiende la regulación federal de las armas de fuego como un movimiento político «sin poder».
«Tenemos nuestra propia constitución [estatal]. Tenemos nuestras propias leyes estatales por una razón. Es desafortunado que incluso adopten esta postura», dijo el representante Leo Biasucci.
«Si alguna vez intentaran aplicarla como ley de la ciudad, sería impugnada en un tribunal y perderían en un santiamén», dijo.
El 22 de junio, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, y el Consejo Municipal votaron por unanimidad para adoptar la Resolución 23357, un documento de tres páginas que califica de inconstitucional la Ley de Libertad de la Segunda Enmienda de Arizona.
El documento afirma que cuando se trata de armas de fuego, la ley federal triunfa sobre la constitución estatal, y que «las leyes o reglamentos federales constitucionales que regulan las armas de fuego tendrán pleno efecto dentro de la ciudad de Tucson; y declarando una emergencia».
«A pesar de las disposiciones [de la ley estatal], la alcaldesa y el consejo ordenan al gestor municipal que continúe permitiendo el uso de empleados de la ciudad y/o recursos financieros para hacer cumplir, administrar y/o cooperar con las acciones federales y/o programas que regulan las armas de fuego, a menos que y hasta que dicha acción o programa federal sea encontrado por un tribunal de jurisdicción competente como una violación de las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos», dice.
Dichas acciones pueden incluir la comprobación de antecedentes, la prohibición de los cargadores de gran capacidad y de las armas de asalto, el establecimiento de leyes de «bandera roja» y la prohibición de las llamadas «armas fantasma».
En abril, el gobernador Doug Ducey promulgó la ley HB2111 (pdf), que prohíbe al estado y a sus subdivisiones políticas, incluidas la municipalidades, «utilizar cualquier empleado o recurso financiero para hacer cumplir, administrar o cooperar con cualquier ley, tratado, orden, norma o reglamento de Estados Unidos que sea incompatible con cualquier ley de este estado relativa a la regulación de las armas de fuego».
El miembro del Consejo Steven Kozachik presentó la resolución, en la que se afirma que la «Constitución de Estados Unidos es la ley suprema del país a la que está sujeto todo gobierno, estatal y federal».
La resolución añade que la Corte Suprema de EE. UU. ha «rechazado explícitamente la idea de que los estados puedan anular la ley federal».
En la resolución, la alcaldesa y el consejo autorizaron al fiscal de la ciudad a actuar como asesor imparcial en cualquier acción legal relacionada con la ley santuario de la Segunda Enmienda en Arizona.
No fue posible contactar con Kozachik y Romero para solicitarles comentarios el miércoles.
Biasucci señaló que la resolución carece de la misma fuerza que un decreto municipal y que cualquier intento de los funcionarios de Tucson de aprobar cualquier ley que restrinja la posesión de armas se enfrentaría a una
demanda legal inmediata.
«Me interesa ver si esto llega a alguna parte. No me preocupa demasiado», dijo Biasucci.
Hasta ahora, 19 estados, o jurisdicciones dentro de ellos, han promulgado leyes de santuario de la Segunda Enmienda que buscan anular cualquier mandato federal que se considere que viola el derecho constitucional a portar armas.
«Creo que es una rabieta de los izquierdistas», dijo el representante republicano de Arizona Mark Finchem. «Ya han perdido en los tribunales».
Finchem se refería a un fallo del Tribunal Supremo de Arizona en 2017, que declaró que Tucson no puede destruir las armas confiscadas porque viola la ley estatal.
Dijo que la ciudad supuestamente confiscó y destruyó 4800 armas de fuego sin la autoridad para hacerlo, lo que provocó una investigación del fiscal general en la que estuvo involucrado.
Finchem dijo que la resolución de Tucson también puede violar la ley estatal, y al hacerlo podría poner en riesgo el acceso de la ciudad a los ingresos compartidos por el estado.
«Estamos hablando de cientos de millones de [dólares] de esos ingresos que serían retenidos», dijo Finchem.
«En una ciudad que ha experimentado el abandono total de la policía, tienen tan poco personal que ni siquiera pueden responder a las llamadas de emergencia, y mucho menos a las que no son de emergencia. Si la ciudad de Tucson quiere impedir que la gente se defienda, y el departamento de policía de la ciudad es incapaz de hacerlo, ¿cuál es su objetivo?», preguntó Finchem retóricamente.
«Si la ciudad de Tucson, en su mezquina dictadura, quiere interferir con los derechos de los residentes de Tucson, no en mi guardia», añadió Finchem. «Esta gente debería ser destituida de su cargo. Están violando los derechos civiles de la gente. Esa política es una violación de los derechos civiles de la gente. No puedo decirlo más claramente».
Charles Heller, cofundador de la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Arizona, un grupo de defensa de la Segunda Enmienda, dijo que la última resolución de Tucson refleja «más de 30 años [que] Tucson ha estado haciendo caso omiso de la acción preventiva estatal».
«Es totalmente virtud de exhibición», dijo Heller. «En primer lugar, es cobarde. Porque si tienen tantos fundamentos en la Constitución, ¿por qué no aprueban un decreto municipal? Parafraseando a Shakespeare, esto es mucho ruido y pocas nueces, no significa nada, solo virtud [de exhibición] de la ciudad».
Mientras que Arizona ocupa el 15º lugar del país en muertes por armas de fuego, Heller dijo que más del 60% de las muertes registradas eran suicidios.
«Mezclar esa estadística con la de criminalidad es intrínsecamente deshonesto. No hay armas violentas. Hay violencia ejercida con armas», dijo Heller.
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