Un jefe de policía de New Hampshire cree que los funcionarios de protección de menores tanto de este estado como de Massachusetts deberían rendir cuentas por no haber evitado el asesinato de Harmony Montgomery a manos de su padre, Adam Montgomery.
En una rueda de prensa posterior a la condena de Montgomery la semana pasada por el asesinato en segundo grado de su hija de cinco años, el jefe de la policía de Manchester, Allen Aldenberg, dijo que le «deja estupefacto» que la desaparición de la niña pasara desapercibida durante dos años.
«Sigo creyendo firmemente que algunas personas de otros organismos tienen que rendir cuentas», dijo Aldenberg, confirmando que se refería tanto a funcionarios de Massachusetts como de New Hampshire. «Pido eso, esta niña de cinco años merece que alguien rinda cuentas porque eso falló en el camino. No estaríamos aquí hoy si otras personas hubieran hecho su trabajo», dijo.
En diciembre de 2021, el departamento de Aldenberg recibió la tarea de investigar la desaparición de Harmony después de que se descubriera que los trabajadores de protección infantil de New Hampshire, asignados para vigilarla, no tenían registro de haberla visto desde principios del otoño de 2019.
Un juez del tribunal de familia de Massachusetts otorgó su custodia a su padre separado, Adam Montgomery —un delincuente confeso con un historial delictivo extremadamente violento y prolongado— antes de que New Hampshire perdiera su rastro. A pesar de sus antecedentes, el juez eligió a Montgomery en lugar de a la madre de Harmony, Crystal Sorey.
Aunque Sorey luchaba contra un problema de drogadicción, recibía tratamiento, asistía a clases para padres y tampoco tenía antecedentes de violencia.
A pesar de las advertencias de Sorey a la corte de que Montgomery era extremadamente peligroso, Harmony fue enviada a vivir con su padre. Dijo a Court TV que instó a la corte a no entregar a su hija a «la única persona a la que les rogué que nunca se la dieran».
Como revelaría más tarde un informe de Massachusetts, el juez tomó la decisión de la custodia a pesar de saber que el señor Montgomery no tenía una relación sólida con su hija.
«Adam solo había pasado, en el periodo inmediatamente anterior a la transferencia de la custodia, solo había pasado 20 horas con su hija, por lo que nunca la había tenido un día entero», declaró Maria Moissaides, directora de la Oficina del Defensor del Menor de Massachusetts, en el informe de 2022 sobre el caso.
Aun así, se concedió la custodia a Montgomery, que en realidad estaba en prisión cuando nació Harmony.
Según reveló una investigación preliminar y durante su juicio en New Hampshire, Montgomery golpeó a su hija, la sometió a crueles castigos y, en última instancia, le propinó un golpe mortal porque se orinó en los pantalones mientras estaba atada a su silla dr auto.
Tras su muerte, Montgomery escondió sus restos en varios lugares, incluido un congelador de un restaurante en el que trabajaba.
A través de su portavoz, Aldenberg declinó las peticiones de The Epoch Times para que explicara qué tipo de medidas le gustaría que se tomaran contra las agencias que, según él, han fallado a Harmony.
Acción legislativa
El llamamiento de Aldenberg a la rendición de cuentas se produce en medio de la consideración de dos proyectos de ley en New Hampshire. Los proyectos de ley pretenden encarcelar a cualquier padre que interfiera con la orden de custodia de un juez de familia.
El proyecto de ley 1192 de la Cámara de New Hampshire, titulado «Relativo a las acciones por desacato en asuntos de relaciones domésticas», propone un cambio significativo en el proceso legal. Sugiere permitir a los jueces de familia ordenar el encarcelamiento de un progenitor por «desobediencia intencionada» a una orden judicial. Esto se aplica a los casos de abuso, pensión alimenticia, anulación, manutención de los hijos, divorcio, separación legal, crianza de los hijos, o cualquier otro asunto dentro de la jurisdicción de la división de familia del poder judicial, sin requerir un proceso de audiencia y juicio.
El proyecto de ley 1006 de la Cámara de Representantes se centra únicamente en ampliar los poderes de desacato de los jueces contra los padres que no cumplan los planes de crianza. También propone que un progenitor que «deniegue o interfiera injustificadamente en el régimen de visitas, la custodia o la custodia por terceros» participe en un asesoramiento «para educar al infractor sobre la importancia de proporcionar al niño una relación continua y significativa con ambos progenitores.» También estipula que los jueces de familia deben «hacer uso de todos y cada uno de los poderes relativos al desacato que le confiere la ley» para hacer cumplir el plan de paternidad.
Por el contrario, los legisladores de Massachusetts han presentado una serie de propuestas de ley para dar prioridad a la seguridad de los niños sobre la patria potestad y hacer menos arbitrarias las órdenes de custodia dictadas por los jueces.
La S909, presentada por los demócratas, pretende establecer una serie de factores que los jueces de familia estarían obligados a seguir a la hora de decidir sobre la custodia.
Otro proyecto de ley de Massachusetts, el S1581, presentado por los republicanos, tipificaría el hecho de no denunciar la desaparición de un menor como delito punible con hasta 10 años de prisión. En caso de aprobarse, la ley se aplicaría a «padres, tutores, empleados de hogares o instituciones o cualquier otra persona con supervisión o cuidado equivalente de un menor», independientemente de que la supervisión sea temporal o permanente.
El proyecto de ley 1006 de la Cámara de Representantes se centra únicamente en ampliar los poderes de desacato de los jueces contra los padres que no cumplan los planes de crianza. También propone que un progenitor que «deniegue o interfiera injustificadamente en el régimen de visitas, la custodia o la custodia por terceros» participe en un asesoramiento «para educar al infractor sobre la importancia de proporcionar al niño una relación continua y significativa con ambos progenitores.» También estipula que los jueces de familia deben «hacer uso de todos y cada uno de los poderes relativos al desacato que le confiere la ley» para hacer cumplir el plan de paternidad.
Por el contrario, los legisladores de Massachusetts han presentado una serie de propuestas de ley para dar prioridad a la seguridad de los niños sobre la patria potestad y hacer menos arbitrarias las órdenes de custodia dictadas por los jueces.
La S909, presentada por los demócratas, pretende establecer una serie de factores que los jueces de familia estarían obligados a seguir a la hora de decidir sobre la custodia.
Otro proyecto de ley de Massachusetts, el S1581, presentado por los republicanos, tipificaría el hecho de no denunciar la desaparición de un menor como delito punible con hasta 10 años de prisión. En caso de aprobarse, la ley se aplicaría a «padres, tutores, empleados de hogares o instituciones o cualquier otra persona con supervisión o cuidado equivalente de un menor», independientemente de que la supervisión sea temporal o permanente.
Mossaides había criticado al estado por no dar prioridad a la seguridad del menor en las órdenes de custodia. Se refirió a esto como «un error de cálculo del riesgo y un peso desigual de los derechos de los padres frente al bienestar del niño».
Mossaides también dijo que cree que los funcionarios no eran conscientes de que Harmony temía a su padre y que las decisiones de poner a Harmony bajo su cuidado podrían no haberse tomado si se hubiera sabido.
Procedía de «una fuente muy acreditada que Harmony tenía miedo de su padre», dijo Moissaides a NBC News en Boston. «Estoy segura de que eso habría cambiado mucho las cosas».
Los defensores de la reforma judicial no están de acuerdo.
Toneladas de casos
El año pasado, Tina Swithin, fundadora de One Mom’s Battle (La batalla de una madre), declaró a The Epoch Times en un reportaje sobre jueces de familia que retiran la custodia a un progenitor que presenta denuncias de maltrato infantil contra el otro progenitor, que ella ha sido testigo de innumerables casos. A pesar de las «pruebas contundentes» de maltrato presentadas contra el progenitor maltratador, los jueces seguían concediéndole la custodia, explicó.
Swithin dijo que cualquier interferencia con las órdenes de paternidad por parte de los tribunales se considera automáticamente «alienación parental», y a continuación se concede la custodia exclusiva al progenitor acusado sin ningún proceso judicial. «Realmente les deja indefensos para proteger a sus hijos», dijo.
La Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica (NHCDV), que ha recibido críticas por no adoptar una postura más firme contra las prácticas de las cortes de familia, emitió una declaración el pasado mes de enero en la que expresaba su firme oposición a un proyecto de ley que pretende codificar la presunción de custodia al 50 por ciento.
«Ningún niño debería sufrir lesiones graves o la muerte por haber sido colocado a sabiendas en un hogar inseguro», escribió la coalición. «HB185 hace la vista gorda a lo que sabemos que es la mejor práctica».
Según la coalición, es una táctica conocida de los maltratadores buscar la custodia compartida como una forma de continuar el control sobre sus hijos, así como cónyuges. El proyecto de ley sigue en la Comisión de Derecho de la Infancia y la Familia (CLF).
En el caso de Harmony,Montgomery solicitó su custodia exclusiva a pesar de que, según un testimonio durante el juicio, declaró que «odiaba a su hija hasta la médula».
En New Hampshire se han presentado numerosos proyectos de reforma de las cortes de familia, pero los registros legislativos muestran que el CLF ha rechazado la mayoría de ellos, si no todos. Solo han avanzado los proyectos de ley que pretenden reducir la manutención de los hijos o promover la custodia compartida.
El comité, por ejemplo, votó que HB1006, que encarcelaría a un padre por no cumplir con la orden de crianza de un juez, «debería pasar», mientras que rechazó H499, que pedía que las reglas de evidencia se aplicaran en los casos de cortes de familia, lo que ya está permitido en todos los demás estados excepto en New Hampshire.
La abogada de Boston Wendy Murphy, codirectora del Proyecto de Defensa de Mujeres y Niños del Centro de Derecho y Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de Nueva Inglaterra, declaró anteriormente a The Epoch Times que ya no cree en el adagio «de que haría falta la muerte de un niño» para despertar a los legisladores.
Al igual que Swithin, Murphy ha visto «montones de casos» en los que los funcionarios de protección de menores han forzado inexplicablemente el contacto entre un niño y un progenitor peligroso.
Antes de que el caso de alto perfil de Harmony Montgomery, New Hampshire fue sacudido por otro asesinato que involucró fallos de los tribunales de familia de New Hampshire.
En 2013, Joshua Savyon, de nueve años, fue asesinado por su padre Muni Savyon cuando un juez del tribunal de familia de New Hampshire le ordenó asistir a las visitas con su padre a pesar de los informes de la madre de Joshua, Becky Ranes, de que recientemente había amenazado con matar a su hijo.
Justo antes del asesinato de Joshua, varios medios de comunicación informaron de que Ranes tenía una orden de alejamiento de su marido. Según la información publicada, en su solicitud de protección escribió que su marido había amenazado con hacer daño a su hijo. También le dijo que había comprado una pistola y que «Va a ser o tú o Josh y yo».
Savyon fue acusado de amenazas criminales relacionadas con violencia doméstica un año antes, pero los cargos se archivaron sin resultado. En la primera visita ordenada por la corte, disparó fatalmente a su hijo antes de apuntar el arma contra sí mismo y quitarse la vida.
Otros estados también se han visto sacudidos por decisiones cuestionables sobre la custodia que acaban teniendo consecuencias trágicas para los niños.
En Misuri, Mikaela Haynes, de 14 años, se quitó la vida tras enterarse de que un juez de familia había ordenado que tuviera que compartir la custodia con su padre, que estaba cumpliendo una pena de prisión por haber agredido a su hermana mayor.
Los registros judiciales revelan que el padre, que había admitido haber violado a su hija y estaba cumpliendo una condena de prisión por ello, recibió la orden de un juez de la corte de familia de que se le concediera la custodia compartida en ese momento.
Según la abogada de Missouri Evita Tolu, que representa a la madre de Mikaela, Cynthia Haynes, en una demanda por homicidio culposo contra la defensora de menores del caso, el juez ordenó la custodia compartida a pesar de las pruebas de que el padre había abusado de Mikaela. Tras el suicidio de Mikaela, el Sr. Haynes, con la ayuda de un defensor de menores designado por la corte, solicitó la custodia de su tercera y menor hija. Ese asunto sigue pendiente.
«Lo que realmente tiene que ocurrir es que los jueces y los trabajadores de protección de menores que cometan negligencia en el cumplimiento de su deber pierdan su inmunidad y sean procesados por estas tragedias que crean», dijo Tolu a The Epoch Times.
Tolu ha encabezado un proyecto de ley llamado «Ley de Mikaela» que pide precisamente eso.
Al igual que Massachusetts, los legisladores de Missouri también han presentado varios proyectos de ley para hacer de la seguridad del menor una prioridad en los asuntos de custodia.
En el proyecto de ley 1950 de la Cámara de Representantes de Missouri, los legisladores proponen sustituir a los defensores del menor designados por las cortes, que deciden el interés superior del menor, por una declaración de derechos vinculante para los niños.
El primero es el «derecho a vivir en un lugar seguro y cómodo».
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