Funcionarios designados por Trump se querellan por comisiones retenidas por la Administración Biden

Por Matthew Vadum
16 de julio de 2021 3:15 PM Actualizado: 16 de julio de 2021 3:15 PM

Dos individuos que fueron designados durante los últimos días de la Administración Trump han demandado al Departamento de Educación de Estados Unidos por negarse a entregar sus comisiones presidenciales firmadas, citando el precedente de hace 218 años de la Corte Suprema que creó la revisión judicial.

La demanda legal de 18 páginas en el caso, conocido como Hanke contra Cardona, fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 15 de julio. Miguel Cardona es secretario del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La demanda fue presentada por la Pacific Legal Foundation (PLF), con sede en Sacramento (California), un bufete nacional de abogados de interés público.

Uno de los demandantes es Steve Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland. El otro demandante es John Yoo, profesor de Derecho de la cátedra Emanuel S. Heller de la Universidad de California, Berkeley. En diciembre de 2020, el entonces presidente Donald Trump firmó los nombramientos de ambos para la Junta Nacional de Ciencias de la Educación (NBES), una junta independiente que asesora a los funcionarios del departamento sobre las prioridades de investigación y financiación.

La junta también desempeña una función de supervisión, asesorando al director del Instituto de Ciencias de la Educación, una rama independiente y no partidista del departamento que evalúa y proporciona financiación para la investigación educativa.

La Ley de Reforma de las Ciencias de la Educación exige que la junta se reúna al menos tres veces al año y que elabore un informe de supervisión tanto para el Congreso como para el secretario de Educación. El informe debe presentarse anualmente el 1 de julio, pero el departamento, ahora bajo el control de la Administración Biden, se niega a convocar una reunión.

El departamento también se niega a entregar las comisiones firmadas de los designados, que son la prueba de sus nombramientos válidos.

Los demandantes argumentan que, aunque las comisiones no hayan sido entregadas a los designados presidenciales, éstos tienen lo que los abogados llaman un derecho legal adquirido a la entrega de sus comisiones, incluso después de la elección de un nuevo presidente.

Este principio se incluyó en la sentencia de la Corte Suprema en el caso Marbury contra Madison (1803), que estableció el principio de la revisión judicial, que es el poder de los tribunales federales para declarar inconstitucionales los actos legislativos y ejecutivos.

En ese caso, el presidente John Adams nombró a William Marbury de Maryland como uno de los 42 magistrados de paz el 2 de marzo de 1801. El Senado de Estados Unidos confirmó los nombramientos de los «jueces de medianoche», como los llamaron los críticos, al día siguiente, que fue el último día completo de Adams en el cargo. La comisión de Marbury como juez de paz para el Distrito de Columbia no fue entregada antes de que Adams dejara el cargo y cuando Thomas Jefferson asumió la presidencia el 4 de marzo, ordenó que la comisión no fuera entregada. Marbury demandó al secretario de Estado de Jefferson, James Madison, para exigir la entrega de la comisión.

La Corte Suprema sostuvo que, aunque la negativa de Madison a entregar la comisión era ilegal, no se le podía ordenar que la entregara a Marbury porque la disposición de la Ley Judicial de 1789 que permitía a Marbury plantear la disputa legal ante el alto tribunal era en sí misma inconstitucional, dado que pretendía ampliar la jurisdicción original del tribunal más allá de lo que permitía la Constitución.

Después de que Trump firmara los encargos para Hanke y Yoo, la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca ordenó al departamento que comenzara a «incorporar» a los nuevos nombramientos, y los hombres tuvieron que completar algunos trámites adicionales, dijo la abogada de la PLF Jessica Thompson en una entrevista con The Epoch Times.

Los dos hombres estuvieron en comunicación con el Departamento de Educación sobre el papeleo cuando la Administración Trump estaba en el poder y después de que la Administración Biden asumiera el cargo, dijo.

Sin embargo, una vez que empezaron a pedir a la agencia controlada por Biden que les entregaran sus comisiones, o que incluso se ofrecían a recogerlas, «las respuestas del Departamento de Educación dejaron de fluir [y] empezaron a ser ignoradas».

Hanke y Yoo «han sido privados de su oportunidad de cumplir con sus deberes estatutarios de reunirse y realizar sus investigaciones de supervisión y producir ese informe de supervisión», dijo.

Thompson se negó a especular sobre cuáles pueden ser los motivos de la Administración Biden para retrasar los nombramientos de sus representados, pero dijo que la administración debe rendir cuentas por no haber actuado.

«Yo diría que el presidente puede destituir a los designados que aún no han completado su mandato, pero al hacerlo debe rendir cuentas políticamente por esa decisión», dijo.

El presidente «no puede eludir esa responsabilidad política haciendo que burócratas no elegidos impidan a los designados hacer su trabajo, especialmente cuando ese trabajo consiste en supervisar la labor de los burócratas no elegidos».

Aunque al final Marbury no recibió su comisión, el precedente de 1803 sigue siendo relevante para la nueva demanda, dijo Thompson.

Aunque la Ley Judicial de 1789 fue tachada de inconstitucional, desde entonces se han aprobado otras leyes, incluida la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud de la cual sus clientes tienen una reclamación válida, añadió.

«Así que se pueden presentar reclamaciones cuando las agencias no actúan en virtud de un deber legal que las obligue a realizar esas acciones», dijo Thompson a The Epoch Times.

«Y por lo tanto, la conclusión que estamos afirmando de Marbury contra Madison es que el primer paso que dio allí el magistrado presidente John Marshall fue decir: ‘Marbury, usted tiene, de hecho, un derecho legal a su comisión’. Y así, una vez que el presidente firma la comisión, ésta pertenece propiamente a esa persona designada».

The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Educación para una solicitud de comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.


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