Se imputaron cargos a 18 personas, incluyendo empleados del gobierno, por robar la identidad de indigentes de la ciudad de Nueva York para realizar una estafa millonaria a un programa de ayuda por la pandemia.
La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció los cargos esta semana por cuatro acusaciones que incluían conspiración para realizar una estafa de más de 1.2 millones de dólares a un programa estatal de ayuda por desempleo, conspiración para fabricar armas fantasma y un robo residencial.
Las autoridades neoyorkinas dijeron que descubrieron mensajes de texto que indicaban un complot para utilizar las identidades de personas sin hogar para presentar 170 solicitudes fraudulentas para el programa estatal de asistencia por desempleo durante la pandemia, según The Gothamist.
Al menos ocho empleados públicos estuvieron involucrados en el fraude, incluyendo a cinco del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS), un trabajador postal, un oficial de seguridad escolar de la policía de Nueva York, un trabajador de la MTA y un empleado de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA).
Charde Baker, una empleada del del Refugio Barbara Kleiman del DHS y expolicía, que fue despedida de la agrupación en 2023, habría sido la líder de la defraudación.
Baker y otros empleados del DHS, junto a Cliffie Thompson, habrían utilizado sus puestos para robar la información de identificación personal de varias personas, incluyendo a personas sin hogar, para hacer las solicitudes por desempleo.
Luego se emitieron tarjetas bancarias y se enviaron en su mayoría a una dirección en la que un trabajador postal las interceptó y se las entregó a otros acusados en el caso para que tuvieran acceso a los fondos robados, según las autoridades, informó The New York Post.
Baker habría gastado el dinero en compras de alto nivel y vacaciones internacionales, dijo Michael Kelley, fiscal adjunto de distrito.
La estafa se descubrió a raíz de una investigación sobre fabricación de armas fantasma que comenzó en 2022.
Las armas presuntamente se fabricaban con impresoras 3D en un departamento en East Village, perteneciente a Cliffie Thompson, quien fue acusado en enero de 2023 por esta investigación y fue cómplice en el fraude.
También se descubrió un robo al departamento de Thompson, que ocurrió presuntamente bajo la dirección de Baker.
El fiscal Bragg expresó su repudio ante las acciones de los acusados, en una conferencia de prensa el jueves 7 de marzo.
Calificó como “vergonzoso” el hecho de «robar la identidad de los neoyorquinos, muchos de ellos sin hogar, y defraudar un programa crítico de red de seguridad social durante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, informó The Gothamist.
“Este caso representa una traición particularmente atroz a la confianza pública en un momento en que tantos neoyorquinos estaban en una necesidad desesperada”, dijo la comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon.
Por su parte, Barbara Brancaccio, portavoz de NYCHA, dijo a The Gothamist que el funcionario de su institución, que habría participado en el fraude, sería suspendido inmediatamente sin pago y que estaría sujeto a un proceso disciplinario interno.
Este no es el único caso de corrupción que involucra a varios funcionarios de la autoridad de vivienda de la ciudad.
A principios de febrero, 70 empleados y exempleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) enfrentaron cargos de soborno y extorsión, en el que fue considerado como el mayor número de cargos de este tipo emitidos en un solo día en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Varios hispanos estuvieron involucrados en exigir más de 2 millones de dólares en sobornos a contratistas a cambio de adjudicar más de 13 millones de dólares en contratos sin licitación.
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