Los funcionarios públicos pueden bloquear a personas en las redes sociales en determinadas situaciones, dictaminó por unanimidad la Corte Suprema el 15 de marzo.
El caso es independiente a una demanda que varias personas interpusieron anteriormente contra el expresidente Donald Trump, después de que él les bloqueara el acceso a su cuenta de redes sociales en Twitter, que más tarde pasó a llamarse X. La Corte Suprema desestimó ese caso, Biden vs. Knight First Amendment Institute, en abril de 2021 por considerarlo discutible, ya que el presidente Trump ya había dejado el cargo.
En el momento de la sentencia, Twitter había vetado al presidente Trump. Cuando Elon Musk se hizo cargo de la compañía revirtió esa política.
La nueva decisión en el caso Lindke vs. Freed fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett.
El demandado, James Freed, administrador municipal de Port Huron, Michigan, utilizaba una cuenta pública de Facebook para comunicarse con sus electores. El demandante, Kevin Lindke, residente de Port Huron, criticó la respuesta del municipio a la pandemia contra COVID-19, incluyendo acusaciones de hipocresía por parte de los funcionarios locales.
El Sr. Freed bloqueó al Sr. Lindke y a otros y eliminó sus comentarios, se lee en la petición del Sr. Lindke.
La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 6º Circuito falló a favor del Sr. Freed, encontrando que estaba actuando solo a título personal y que sus actividades no constituían una acción gubernamental.
La abogada del Sr. Freed, Victoria Ferres, dijo durante los argumentos orales ante la Corte Suprema, el 31 de octubre de 2023, que su cliente no renunció a sus derechos al utilizar las redes sociales.
«Los 21 millones de empleados públicos de este país deberían tener derecho a hablar públicamente de su trabajo en cuentas personales de redes sociales, como sus homólogos del sector privado».
La postura defendida por la otra parte castigaría injustamente a los funcionarios públicos, y «daría lugar a incertidumbre y autocensura para los empleados públicos de este país, a pesar de que esta Corte ha dictaminado reiteradamente que los empleados públicos no pierden sus derechos por el mero hecho de ser empleados públicos», dijo la abogada.
En el caso Lindke vs. Freed, la Corte Suprema dictaminó que un funcionario público que impide a una persona hacer comentarios en las páginas de redes sociales del funcionario incurre en una acción gubernamental en virtud del artículo 1983 sólo si el funcionario tenía autoridad para hablar en nombre del gobierno sobre un asunto específico y si el funcionario afirmó ejercer esa autoridad al hablar en los mensajes de las redes sociales pertinentes.
La Sección 1983 se refiere al Título 42 del Código de EE.UU., Sección 1983, que permite a las personas demandar a los agentes del gobierno por privación de derechos civiles.
Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.
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