El representante Matt Gaetz (republicano de Florida) pidió al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, información sobre la situación migratoria de una inmigrante ilegal de Nicaragua implicada en un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol que hirió a un agente de policía en Virginia.
En una carta fechada el 11 de septiembre, el Sr. Gaetz expresó su preocupación por un incidente ocurrido aproximadamente a las 2:30 a.m. del 19 de agosto en Chesapeake, Virginia. Según la carta, Yacarely Díaz-Castro, inmigrante ilegal, colisionó con un agente de policía de Chesapeake durante un control de tráfico mientras conducía supuestamente bajo los efectos del alcohol.
El impacto hizo que el agente cayera por encima de una barandilla, lo que le causó lesiones graves, incluida una fractura de cráneo y una fractura de la vértebra C6, según los documentos presentados ante el tribunal. El Sr. Gaetz señaló que las lesiones del agente podrían causarle una discapacidad física de por vida.
La inmigrante ilegal de 30-años de edad, fue acusada de Mutilación por conducir en estado de embriaguez, conducir sin licencia, y no hacerse a un lado para un vehículo parado con luces de advertencia. Compareció ante el juez en agosto.
Los agentes encontraron latas de cerveza vacías en su vehículo, no superó varias pruebas de alcoholemia y apestaba a alcohol. No tenía licencia de conducción.
«Díaz-Castro era conocida en su Departamento», escribió Gaetz (pdf). «Ella es de Nicaragua y entró ilegalmente en los Estados Unidos hace siete meses, y supuestamente afirma haber recibido un ‘aviso para presentarse’ o Formulario I-385».
Este formulario de «aviso para presentarse» ordena a los destinatarios que se presenten ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un plazo de 60 días.
La carta del republicano de Florida contenía siete preguntas específicas para el Sr. Mayorkas, con la solicitud de una respuesta antes del 2 de octubre.
Estas preguntas incluían preguntas sobre el estatus migratorio de la Sra. Díaz-Castro el 19 de agosto, la fecha de su entrada ilegal en los Estados Unidos, la recepción de un «aviso para presentarse», cualquier contacto con el ICE, y el número de inmigrantes ilegales que no cumplieron con avisos similares, entre otros asuntos.
La carta del Sr. Gaetz también pedía información sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar la rápida expulsión de los inmigrantes ilegales que no cumplen con sus «aviso para presentarse» y el número de agentes del orden y personal de primera respuesta que fueron heridos por inmigrantes ilegales en los últimos dos años.
Casi dos millones de personas que cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos fueron introducidas en las comunidades estadounidenses a través del programa de libertad condicional del presidente Joe Biden.
En febrero salió a la luz que el Departamento de Seguridad Nacional había emitido avisos de denuncia (NTR, por sus siglas en inglés) a unas 600,000 personas que habían cruzado la frontera, entre ellas la Sra. Díaz-Castro. Estos NTR suponían de hecho su puesta en libertad en el interior de Estados Unidos, sin ninguna obligación posterior de comparecer ante un juez de inmigración.
El programa de libertad condicional de la administración Biden permite que decenas de miles de personas sean liberadas en Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Texas lidera una coalición de 21 estados que pretenden detener el programa, afirmando que la política de la administración Biden equivale a una extralimitación ejecutiva y debe ser terminada.
En documentos legales, Texas y sus homólogos describieron el programa de la administración como un «ejemplo extremo» de incumplimiento de las leyes de inmigración que ordenan que la libertad condicional se conceda estrictamente caso por caso para un beneficio público sustancial o por razones humanitarias urgentes.
Texas alegó además que el programa de libertad condicional supone una carga financiera para el Estado, ya que requiere la prestación de servicios tales como detención, educación, apoyo social y programas de obtención del permiso de conducir para las personas en libertad condicional.
Por otro lado, los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes sostienen que el programa de libertad condicional humanitaria ofrece una vía segura a Estados Unidos a inmigrantes desesperados que, de otro modo, serían presa de los traficantes de personas y obstaculizarían los esfuerzos de control fronterizo.
Con información de Savannah Hulsey Pointer.
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