El Fiscal General Merrick Garland rechazó las afirmaciones de los legisladores republicanos sobre la presunta instrumentalización del Departamento de Justicia. El pronunciamiento del funcionario se dio en el Capitolio el 4 de junio en medio de amenazas de acusarlo de desacato al Congreso.
“Estos repetidos ataques al Departamento de Justicia no tienen precedentes y son infundados. Estos ataques no han influido ni influirán en nuestra toma de decisiones”, dijo el fiscal general a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una audiencia a las 10 a.m.
Garland se ha negado repetidamente a proporcionar a los investigadores de impeachment de la Cámara las grabaciones de audio de las entrevistas del fiscal especial Robert Hur con el presidente Joe Biden y su escritor fantasma. Esas negativas llevaron a miembros de los paneles del Poder Judicial y de Supervisión y Responsabilidad a presentar resoluciones por desacato en su contra.
Evidentemente, esas resoluciones han hecho poco para convencer al Sr. Garland de cambiar de rumbo.
“Ciertos miembros de este Comité y del Comité de Supervisión buscan el desacato como medio para obtener, sin ningún propósito legítimo, información policial confidencial que podría dañar la integridad de futuras investigaciones”, dijo.
Si bien dijo que consideraba el desacato como “un asunto serio”, el fiscal general dijo que no accedería a solicitudes que, según él, “pondrían en peligro la capacidad de nuestros fiscales y agentes para hacer su trabajo de manera efectiva en futuras investigaciones”.
“No seré intimidado. Y el Departamento de Justicia no se dejará intimidar. Continuaremos haciendo nuestro trabajo libres de influencias políticas. Y no daremos marcha atrás en la defensa de nuestra democracia”, añadió.
“Teoría de la conspiración”
Garland también criticó los llamados a retirar fondos a la oficina del fiscal especial Jack Smith por su procesamiento del expresidente Donald Trump en dos casos federales.
Los republicanos alegan que el Departamento de Justicia contribuyó a garantizar que el presidente Trump fuera acusado en cuatro casos penales diferentes, incluido el juicio en Nueva York en el que fue declarado culpable de falsificación de registros comerciales la semana pasada.
Garland desestimó esas acusaciones como una “teoría de la conspiración”, una afirmación que el representante Matt Gaetz dijo que el fiscal general podría probar fácilmente si fuera cierta.
“Puedes aclararlo todo ahora mismo. ¿Proporcionará el Departamento de Justicia al comité todos los documentos, toda la correspondencia entre el departamento y la oficina de Alvin Bragg y la oficina de Fani Willis y la oficina de Letitia James?, preguntó Gaetz, refiriéndose a los fiscales de distrito de Manhattan y del condado de Fulton, Georgia, y al fiscal general de Nueva York.
Garland enfatizó que el Departamento de Justicia no tiene control sobre esos funcionarios ni sobre sus decisiones. Pero Gaetz lo presionó para que respondiera la pregunta que le hizo: si el departamento se comunica con esas oficinas y proporcionará esas comunicaciones.
“Haga una solicitud, la derivaremos a nuestra Oficina de Asuntos Legislativos”, comenzó a responder el fiscal general antes de que el congresista lo interrumpiera.
“Vienes aquí y presentas este ataque de que es una teoría de conspiración y que existe una ley coordinada contra Trump… Pero cuando dices, bueno, aceptaremos tu solicitud y luego la trabajaremos a través del proceso de adaptación del Departamento de Justicia, entonces en realidad estás avanzando en la muy peligrosa teoría de la conspiración que te preocupa”.
El representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del comité, busca retirar fondos a las oficinas de Bragg, Willis, James y Smith, quienes, en su opinión, están apuntando al presidente Trump con fines políticos.
En una carta del 4 de junio al presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tome Cole (R-Okla.), Jordan dijo que esperaba utilizar el poder de la Cámara para detener tales “procesamientos politizados” en el próximo año fiscal.
«Hemos visto a fiscales deshonestos abusar de las reglas de conducta profesional y de su deber de hacer justicia al servicio de fines politizados», escribió. «Recomendamos que el Comité de Asignaciones, con la consulta adecuada de los líderes, incluya texto para eliminar los fondos federales para los fiscales estatales o los fiscales generales estatales involucrados en la guerra legal y eliminar a cero los fondos federales para los fiscales federales involucrados en tales abusos».
Entre otras recomendaciones, el congresista también sugirió que el Congreso despoje al FBI de cualquier financiamiento no esencial, incluida la rescisión de asignaciones anteriores y la prohibición de nuevos fondos para una nueva sede del FBI, citando testimonios de testigos de “abusos atroces” y mala conducta.
“Trabajando juntos, podemos garantizar que el proceso de asignaciones seguirá siendo un poderoso freno contra la instrumentalización del gobierno federal”, escribió.
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