Carlos Rotondaro, general del Ejército de Venezuela sancionado por Estados Unidos, desertó del régimen de Nicolás Maduro y huyó a Colombia, lugar desde el cual realizó importantes denuncias sobre la corrupción chavista.
Según dijo el general, escapó porque no podía ser leal a un «gobierno de incapaces y corruptos».
Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.
El general, que también fue ministro de Salud, mostró pruebas de que cómo, cuando solicitó recursos para adquirir equipos de diálisis para el IVSS, el régimen de Maduro retrasó el procedimiento.
«No soy traidor, soy leal a la patria», dijo en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24, ya añadió que «ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (…) Cada año estamos peor».
También denunció que algunos de los ministros del régimen toman los medicamentos para fines de corrupción y no permitían que estos puedan llegar a los venezolanos. Entre ellas están el exministro de Salud, Luis López y el exministro del trabajo, Francisco Torrealba.
El general venezolano expresó que ningún ente del régimen posee recursos para seguir sacándolo adelante.
Informó además que sí reconoce al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.
Pidió a sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional que den un paso al frente, y declaró que la persona que tiene incidencia en las decisiones de Maduro es Tareck El Aissami.
En el caso de la presencia de los cubanos, el general mencionó que son los encargados de la asesoría en inteligencia.
En este momento Colombia acoge a cerca de 1000 militares venezolanos y 400 familiares.
Estos miembros de las diversas fuerzas militares y de seguridad cruzaron la frontera hacia ese país en busca de protección. Ellos entregaron su armamento y los uniformes, y ahora se encuentran bajo la custodia de las autoridades colombiana.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de la cual todavía es presidente Juan Guaidó, respalda a los militares que abandonan a Maduro y se ponen del lado de la Constitución y a las órdenes del presidente encargado.
Esta Asamblea aprobó una ley de amnistía que los beneficia a todos.
También beneficia a los civiles que trabajan para el Estado y están atrapados en la burocracia del régimen.
“Los miembros de la Fuerza Armada de Venezuela, los policías, el resto de los funcionarios civiles y en general cualquier ciudadano, tiene hoy el deber de colaborar con el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela”, dice el texto de la ley.
El 19 de marzo de 2018, el departamento del tesoro de EE. UU. sancionó a Rotondaro por estar asociado con la mala gestión económica y la corrupción del país.
De acuerdo con la oficina de control de activos extranjeros (OFAC) de ese departamento, la sanción destaca la mala administración económica y la corrupción endémica como características que definen al régimen de Maduro.
Esa “política de corrupción llevó a que la moneda venezolana no tenga ningún valor debido a la hiperinflación”, a que los alimentos y los medicamentos falten, y “desencadenó una crisis humanitaria” que el gobierno venezolano se niega a aliviar cambiando su política o aceptando la ayuda internacional, apuntó OFAC.
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