El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, podría verse obligado a vender sus casas de Nueva York y Florida para recaudar dinero en efectivo para un juicio por difamación masiva en su contra, a medida que avanza en su proceso de quiebra, según declaraciones judiciales de los abogados.
El Sr. Giuliani solicitó la protección por bancarrota en diciembre de 2023, un día después de que se le ordenara pagar USD 148 millones a dos extrabajadoras electorales de Georgia que lo demandaron por difamación mientras era abogado del expresidente Donald Trump.
El Sr. Giuliani enumeró pasivos de entre 100 y 500 millones de dólares y activos de hasta 10 millones de dólares, según un formulario de bancarrota que se presentó el 21 de diciembre en la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Los abogados dijeron durante una conferencia sobre su situación el 13 de marzo, en la Corte de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York que varias de las propiedades del Sr. Giulani podrían ser puestas a la venta para recaudar dinero en efectivo para pagar su deuda de casi USD 153 millones, cuya mayor parte sería destinada a la sentencia por difamación de USD 148 millones, según Bloomberg Law.
Heath Berger, de Berger Fischoff Shumer Wexler & Goodman LLP, que representan al Sr. Giuliani, dijo en la corte el miércoles que se está ultimando un proyecto de acuerdo de venta para el condominio del Sr. Giuliani en Nueva York, mientras que Philip Dublin, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, dijo que un comité que representa a los acreedores no garantizados del Sr. Giuliani está trabajando para poner a la venta su propiedad de Palm Beach, Florida, según el informe.
El abogado de Giuliani no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre este asunto.
Sentencia por difamación
El valor de algunas de las deudas del Sr. Giuliani figuran como «desconocidas» en su declaración de quiebra, en cambio, la mayor responsabilidad especificada son los USD 148 millones que un jurado federal le ordenó pagar a Ruby Freeman y Wandrea Moss, las dos extrabajadoras electorales de Georgia.
Otros acreedores que figuran en la declaración de quiebra de Giuliani son el Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), con un total de deudas con el gobierno de casi USD 1 millón.
En octubre de 2023, el IRS puso un embargo fiscal federal de casi USD 500,000 en el condominio de Palm Beach del Sr. Giuliani, que en ese momento estaba valorado en alrededor de USD 3 millones.
En aquel momento, el IRS dijo que el Sr. Giuliani les debía casi USD 550,000 en impuestos sobre la renta no pagados de 2021. Su asesor político, Ted Goodman, dijo a los medios de comunicación que el Sr. Giuliani había entrado en un acuerdo formal con el IRS para pagar con el pasivo.
El pago de USD 148 millones exigido por el juez se deriva de una demanda en la que el Sr. Giuliani fue acusado de difamar a las dos extrabajadoras electorales con falsas acusaciones de que cometieron fraude electoral durante el recuento de votos en el condado de Fulton de Georgia en las elecciones presidenciales de 2020.
Las dos trabajadoras electorales afirmaron que fueron sometidas a un abuso implacable después de ser identificadas en un videoclip que se difundió ampliamente después de las elecciones generales de 2020. En el video, se ve a las trabajadoras electorales supuestamente manipulando mal las papeletas.
Sin embargo, una investigación de la Junta Electoral de Georgia absolvió a las Sras. Freeman y Moss de cualquier delito.
«Equivalente a una pena de muerte»
El abogado de Giuliani, Joseph Sibley, dijo a la corte, después de que se emitiera la sentencia de USD 148 millones, que el pago multimillonario significaba «el final» para su cliente y que sería «el equivalente civil de una pena de muerte».
El exalcalde de Nueva York optó por no rebatir las acusaciones de que hizo declaraciones falsas en la demanda por difamación interpuesta a las dos trabajadoras electorales, aunque su asesor dijo que era una táctica legal para permitir que el caso siguiera adelante.
Giuliani defendió sus afirmaciones sobre las extrabajadoras electorales cuando dijo a los periodistas el 11 de diciembre, día en que comenzó el juicio por difamación, que «todo lo que dije sobre ellas es cierto».
El Sr. Giuliani, que sirvió como asesor legal del expresidente Trump en 2020, se ha enfrentado a otros problemas financieros.
En septiembre de 2023, los anteriores abogados del Sr. Giuliani lo demandaron por acusaciones de que no pagó aproximadamente USD 1.36 millones en honorarios legales. Giuliani dijo que creía que la cantidad reclamada era excesiva.
Además de los problemas financieros, Giuliani también se enfrenta a su inhabilitación por una demanda que presentó impugnando los resultados de las elecciones de 2020.
En julio de 2023, un panel disciplinario del Distrito de Columbia recomendó la inhabilitación de Giuliani porque supuestamente violó dos normas de ética legal en lo que el panel describió como una demanda «frívola».
En particular, el panel disciplinario consideró que Giuliani hizo afirmaciones generalizadas de fraude electoral que no apoyó adecuadamente con evidencias.
En noviembre de 2023, los abogados de Giuliani instaron a la junta disciplinaria a rechazar la recomendación del panel de retirarle la licencia de abogado.
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