El gobierno de Joe Biden presentó una demanda federal en el estado de Ohio contra dos organizaciones y siete individuos, acusándoles de bloquear el acceso a una clínica abortista.
El Departamento de Justicia (DOJ) informó que presentó una demanda el 20 de mayo en el Distrito Norte de Ohio contra Citizens for a Pro-Life Society y Red Rose Rescue —junto con siete personas, entre ellas Lauren Handy, quien fue recientemente condenada a casi 5 años de prisión por acusaciones de bloquear una clínica de aborto en Washington— por presuntas violaciones de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE).
La Ley FACE prohíbe el uso de la fuerza, las amenazas de uso de la fuerza o la obstrucción física contra cualquier persona que solicite o preste servicios reproductivos, como los abortos.
Los abogados de la organización provida Thomas More Society —que representan a uno de los acusados en otro caso— alegan que el Departamento de Justicia, bajo la presidencia de Joe Biden, abusa de la Ley FACE para perseguir y encarcelar a los provida por protestar pacíficamente en favor de los no nacidos.
Los otros acusados en el caso, además de la Sra. Handy, Citizens for a Pro-Life Society y Red Rose Rescue, son Laura Gies, Clara McDonald, Monica Miller, Christopher Moscinski, Jay Smith y Audrey Whipple. Todos ellos están acusados de violar la Ley FACE los días 4 y 5 de junio de 2021, al supuestamente participar en obstrucciones físicas en dos clínicas de Ohio que practican abortos.
«La conducta de los demandados descrita en los párrafos 1 a 99 constituye una obstrucción física que intencionalmente intimidó o interfirió con las personas, o un intento de intimidar y / o interferir con dichas personas, porque estaban o habían estado proporcionando servicios de salud reproductiva», dice la demanda.
El Departamento de Justicia alegó que uno de los centros que fue objetivo de los acusados tuvo que cancelar sus citas del día. En el otro centro, uno de los manifestantes provida agarró físicamente a una paciente que salía de la sala de espera y le suplicó que no abortara.
La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios, sanciones pecuniarias y medidas cautelares conforme a lo dispuesto en la Ley FACE, según la demanda.
«Las leyes federales y estatales protegen el acceso a los servicios de salud reproductiva», afirmó en una declaración la fiscal federal del distrito norte de Ohio, Rebecca C. Lutzko. «Las personas tienen derecho a acceder a las instalaciones en Ohio para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, salud y futuro, en consulta con los proveedores de atención médica, libres de fuerza, amenazas de fuerza, intimidación u obstrucción física. Nuestra oficina mantiene su compromiso de hacer cumplir la Ley FACE para proteger estos importantes derechos tanto de las personas como de los proveedores, independientemente de que los servicios prestados incluyan o no opciones de atención del aborto, como ocurre en este caso».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Citizens for a Pro Life Society y Red Rose Rescue para pedirles comentarios sobre la demanda. Los abogados del resto de los demandados no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.
Monica Miller, directora de Citizens for a Pro-Life Society y una de las acusadas en la demanda, dijo a WORLD que las protestas fueron pacíficas y negó violaciones de la Ley FACE, insistiendo en que los manifestantes no obstruyeron los movimientos de las mujeres dentro de las clínicas abortistas.
Por su parte, los abogados de la Sociedad Thomas More, que representan a una de las acusadas, la Sra. Handy, en un caso penal en Washington, declararon que su apelación de su sentencia de prisión cuestionará la constitucionalidad de la Ley FACE.
«Error judicial»
De acuerdo a un artículo anterior de The Epoch Times, la Sra. Handy fue condenada a casi cinco años de prisión, acusada de liderar un grupo de activistas para bloquear una clínica de Washington donde se practican abortos.
La Sra. Handy y otros acusados fueron condenados por un jurado en agosto de 2023 por delitos federales contra los derechos civiles por bloquear el acceso a la Washington Surgi-Clinic el 22 de octubre de 2020. La Sra. Handy fue condenada por dos cargos: conspiración contra los derechos y violación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, más conocida como Ley FACE.
La imputación alega que ella dirigió las acciones de sus compañeros conspiradores ese día, que incluían colocar sillas para obstruir el paso a la zona de tratamiento de la clínica y encadenarse y atarse entre sí para bloquear el acceso.
La jueza de distrito, Colleen Kollar-Kotelly, la condenó a 57 meses de prisión (en la práctica rebajados a 48 meses debido al tiempo ya cumplido), más tres años de libertad condicional y una multa económica, según una opinión de la corte y un memorando emitidos el 13 de mayo.
«La ley no protege la conducta violenta ni obstructiva, ni debería hacerlo», dijo en la corte la jueza Kollar-Kotelly, nombrada por Clinton, al dictar la sentencia, según The Associated Press.
Cuando la Sra. Handy salga de prisión en 2028, tendrá que someterse a una evaluación de salud mental y a un programa de tratamiento, y se le prohibirá entrar o acercarse a sabiendas a menos de 1000 pies de un centro abortista, según los documentos judiciales.
En un memorando de sentencia, los fiscales describieron a la Sra. Handy como una extremista antiabortista que fue el «cerebro criminal» del bloqueo de las clínicas abortistas de Washington y de acciones similares en otras clínicas.
Los fiscales pidieron una condena de seis años y medio, mientras que sus abogados pidieron al juez que se mostrara indulgente con una condena de 12 meses.
«Por sus esfuerzos para proteger pacíficamente la vida de seres humanos inocentes antes de nacer, la Sra. Handy merece agradecimiento, no una desgarradora sentencia de prisión», dijo Martin Cannon, abogado principal de la Sociedad Thomas More, en una declaración.
«Apelaremos enérgicamente la condena de la Sra. Handy y atacaremos la raíz de esta injusticia, es decir, la Ley FACE, que creemos que es inconstitucional y no se debe volver a utilizar para perseguir a pacíficos antiabortistas», añadió el abogado.
Los fiscales dijeron que la Sra. Handy planeó y dirigió la invasión de la clínica de Washington, utilizando las redes sociales para reclutar participantes y discutir sus planes. Ella usó un nombre falso para reservar una cita falsa en la clínica en la mañana de la invasión, escribieron los fiscales en el memorando de sentencia.
Cuando un empleado de la clínica abrió una puerta para admitir a los pacientes, la Sra. Handy y los coacusados entraron a empujones mientras retransmitían en directo sus acciones en las redes sociales, que según los fiscales incluían estirar una cuerda a través de la entrada de las instalaciones «para obstruir la entrada».
Steve Crampton, abogado principal de la Sociedad Thomas More, dijo en una declaración que la versión de los hechos de los fiscales era una «caricatura» y que la sentencia de 57 meses era un «error judicial».
«A medida que he ido conociendo a la Sra. Handy, he visto de cerca su inquebrantable pasión por la defensa provida y su decidida dedicación a la no violencia», dijo el abogado. «La Sra. Handy debería haber recibido la misma misericordia que ella misma ha mostrado a innumerables oprimidos a lo largo de su joven vida».
El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios sobre el caso de Handy.
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