El gobernador de Missouri, Mike Parson, dijo que su administración está considerando proporcionar subsidios de desempleo para las personas que sean despedidas debido a las ordenes federales de la vacunación contra COVID-19.
«Ven lo que acaba de hacer Iowa», dijo Parson al medio de noticias The Center Square el jueves. “Creo que queremos asegurarnos de que se ejerzan los derechos civiles o las libertades civiles. Si alguien tiene [una] creencia religiosa, queremos asegurarnos de que eso se respete (…) cueste lo que cueste. Y si es por razones de salud, también queremos que se incluya».
El gobernador republicano se refería al gobernador de Iowa, Kim Reynolds, quien el 29 de octubre firmó un proyecto de ley que garantiza que los trabajadores estatales que están intentando obtener una exención médica o religiosa a la vacuna puedan obtener subsidios por desempleo si son despedidos por rechazar la vacunación.
Parson no garantizó los subsidios por desempleo para aquellos que fueron despedidos solo porque se rehusaron a vacunarse.
“Si esas personas van a perder sus trabajos, lo cual no creo que deban hacer (…) pero evidentemente hay un pequeño problema en cuanto a cuál es la opinión de todos sobre esas cuestiones de derechos civiles», dijo Parson. «Así que queremos estar preparados para eso si van por ese camino».
Parson, cuya administración ha presentado varias demandas contra las ordenes federales de vacunación, dijo que cree que es injusto que los trabajadores que tuvieron un impacto significativo durante las primeras etapas de la pandemia pierdan sus trabajos ahora debido a su estatus de vacunación.
“La gente ha estado ahí durante 18 meses en primera línea y de repente van y les dicen que ya no son dignos de hacer su trabajo, es preocupante”, dijo el gobernador. «No me importa dónde trabajan ni quiénes son porque, durante el trascurso de la batalla, ganamos con ellos».
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. con sede en Nueva Orleans detuvo la disposición de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, u OSHA, dirigida a empresas privadas con 100 o más personas. Dicha disposición, que se dio a conocer la semana pasada y que entrará en vigor el 4 de enero, establece que los trabajadores de esas empresas deben vacunarse o someterse a pruebas semanales y al uso de mascarillas.
Decenas de estados, hasta ahora, han presentado impugnaciones legales contra la disposición de la OSHA, que también impondría severas sanciones de miles de dólares por cada infracción.
«Aunque hubiera preferido que los reglamentos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia de forma definitiva. Así que instituí los reglamentos (…) y están funcionando», dijo el presidente Joe Biden en un comunicado explicando la orden.
La administración de Biden también estableció una orden para las empresas que tengan contratos con el gobierno federal y las instalaciones de atención médica que reciban fondos de Medicare o Medicaid. A diferencia de la orden para las empresas privadas, esas disposiciones no tienen la opción de las pruebas semanales.
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