El gobernador de Arizona, Doug Ducey, firmó el martes una ley que pretende proteger a los niños no nacidos con anomalías genéticas de ser sometidos a abortos selectivos.
La ley, que fue aprobada por la legislatura estatal la semana pasada, convierte en delito que los abortistas practiquen un aborto a sabiendas de que el procedimiento se solicitó únicamente por una anomalía genética del niño, excepto en caso de emergencia médica. La medida también prohíbe que los colegios y universidades públicas practiquen un aborto, prohíbe la entrega por correo de medicamentos inductores del aborto y permite que el padre o los abuelos maternos de un niño no nacido que fue abortado debido a una anomalía genética puedan demandar en nombre del niño no nacido.
«Cada vida tiene un valor inconmensurable—independientemente de su composición genética. Hoy he firmado una ley para dar prioridad a la vida de nuestros niños prematuros y proteger a los que tienen anomalías genéticas», dijo Ducey en una declaración. «Arizona sigue estando entre los principales estados pro-vida de la nación, y mi más sincero agradecimiento a la senadora Nancy Barto por su liderazgo y trabajo en este asunto que salva vidas y a los que apoyaron este proyecto de ley».
La medida, bautizada como SB 1457, también exige que el médico o el abortista rellenen una declaración jurada en la que afirmen que no realizan un aborto debido a la anomalía genética del niño. También exige que el abortista informe a la madre de la ilegalidad de realizar un aborto debido a la raza, el sexo o la anomalía genética del niño, y que denuncie cualquier infracción de la ley.
La medida de promulgar la ley fue celebrada por varios grupos provida y conservadores, entre ellos el Center for Arizona Policy, que había argumentado que la medida evita la discriminación de los niños diagnosticados con una discapacidad antes del nacimiento.
«Las mujeres de Arizona estarán aseguradas con garantías de sentido común si eligen la píldora abortiva. Los contribuyentes de Arizona no se verán obligados a apoyar los abortos en los colegios y universidades públicas, y las leyes de Arizona se interpretarán para valorar toda vida humana», dijo la presidenta del grupo, Cathi Herrod, en un comunicado.
Mientras tanto, la ley tuvo oposición por parte de los demócratas del estado, que argumentaron que la ley es demasiada amplia e intrusiva y podría socavar potencialmente la capacidad de una mujer para acceder a un aborto como se permite en virtud de los precedentes de la Corte Suprema.
Los legisladores demócratas también se opusieron a que el lenguaje de la ley confiera «la condición de persona» a un niño no nacido, lo que significa que se le concederían todos los derechos, privilegios e inmunidades que a cualquier otro ciudadano.
Esto significa que «cualquier daño al feto puede conllevar sanciones penales o civiles nunca antes contempladas», argumentaron los legisladores.
«Aunque la ley establece que el estatus de persona debe ser coherente con los precedentes de la Corte Suprema, no es difícil ver cómo esta disposición podría ser fácilmente interpretada para borrar el universo de protecciones otorgadas a las mujeres bajo la ley vigente desde el caso Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey».
Tras la aprobación de la ley por parte de Ducey, el representante estatal demócrata Diego Espinoza, de Tolleson, lamentó la medida.
«La decisión del gobernador Ducey de firmar la ley SB1457 no es pro-vida. Es anti-familias, anti-mujeres y anti-médicos. Me decepciona ver que Arizona se mueve en esta dirección, ignorando las necesidades y deseos de los médicos, las mujeres y las familias por una agenda política extrema», escribió Espinoza en una declaración en Twitter.
Esto se produce después de que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito dictaminara a principios de este mes, en una decisión de 9-7 en banc (pdf), para revocar una sentencia de un tribunal inferior que bloqueaba la aplicación de una ley similar que pretende prohibir los abortos por síndrome de Down, conocida como «Ley de no discriminación por síndrome de Down».
La ley de 2017 prohíbe a un médico realizar un aborto si tiene conocimiento de que el motivo de la madre para abortar se debe a un diagnóstico prenatal de síndrome de Down. Los médicos que infrinjan la ley podrían ser sancionados penalmente y dar lugar a la revocación de su licencia médica.
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