El gobernador de California Gavin Newsom vetó un proyecto de ley que prohibía a las agencias policiales la reventa de armas de fuego al público, a menos que se las revenda un comerciante autorizado a otras agencias similares, citando preocupaciones sobre los impactos financieros que el proyecto de ley crearía al imponer tales limitaciones.
El Sr. Newsom, en una actualización sobre el tema legislativo, anunció su decisión de vetar el proyecto de ley el 8 de octubre.
«Me preocupa que este proyecto de ley (…) restrinja la capacidad de comerciar con estas armas de fuego y le cueste a las agencias policiales de todo el estado millones de dólares en un momento en que los recursos son limitados y la dotación de personal es escasa», afirmó el gobernador.
El Proyecto de Ley 733 de la Asamblea, escrito por el asambleísta Mike Fong (D-Alhambra), habría cerrado lo que el legislador llamó una brecha en la ley estatal que permitía que los excedentes de armas de fuego obtenidas por las fuerzas del orden fueran devueltas al público en general.
Antes de 2022, dichas agencias no tenían restricciones para revender sus armas, pero un proyecto de ley aprobado por el gobernador el año pasado limitó la reventa de armas a aquellas consideradas una “molestia”, como las armas entregadas por delincuentes o propiedades no reclamadas o abandonadas, según un análisis reciente del proyecto de ley en la Asamblea.
«Las entidades gubernamentales no deberían poner más armas en circulación en las calles de nuestras comunidades», dijo el Sr. Fong dijo en el mismo análisis. «Esta práctica socava el trabajo que los líderes estatales y locales están haciendo para combatir la violencia, incluidos programas como la recompra de armas».
El asambleísta dijo que el proyecto de ley fue propuesto a raíz de un reciente tiroteo masivo a principios de este año en Monterey Park, que se encuentra dentro del territorio del distrito del Sr. Fong. Una agencia policial local estuvo organizando una subasta en línea para vender armas de fuego excedentes el mismo fin de semana del tiroteo, según el asambleísta.
Entre los que se opusieron al proyecto de ley se encontraban más de 20 asociaciones policiales de todo el estado. Ellos argumentaron que al restringir la venta de tales armas de fuego, el proyecto de ley impediría que los departamentos de dichas agencias pudieran compensar los costos.
«Tiene poco sentido financiero prohibir a un departamento devolver armas de fuego excedentes a un fabricante/mayorista para su reembolso o crédito de compra», escribió la Asociación de Sheriffs de Riverside en un análisis reciente.
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