El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el 15 de junio un proyecto de ley que prohíbe las ciudades santuario en el Estado. La ceremonia de firma del proyecto de ley tuvo lugar en el condado de Okaloosa.
«A principios de este año, hice una promesa de que prohibiríamos las ciudades santuario en Florida y hoy estamos cumpliendo esa promesa», anunció DeSantis en Twitter.
«Me enorgullece firmar el acta que me presentó la Legislatura de Florida para defender el Estado de Derecho y asegurar que nuestras comunidades estén seguras».
DeSantis, un republicano, había hecho una promesa de prohibición durante su campaña para gobernador el año pasado.
Earlier this year, I made a promise that we would ban sanctuary cities in Florida and today we are delivering on that promise. I am proud to sign the bill presented to me by the FL Legislature to uphold the rule of law and ensure that our communities are safe. pic.twitter.com/xKQDOPRBHx
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 14 giugno 2019
El proyecto de ley requiere que las entidades estatales, las entidades gubernamentales locales y las agencias de aplicación de la ley utilicen sus «mejores esfuerzos para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración».
También prohíbe a las entidades y agencias «tomar ciertas medidas con respecto a la información sobre el estado migratorio de una persona».
«La seguridad pública es primordial y las agencias locales de aplicación de la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal para asegurar que la rendición de cuentas y la justicia sean una sola en nuestro estado», dijo un portavoz de DeSantis a Orlando Sentinel en un correo electrónico el 13 de junio.
El proyecto de ley (SB-168) había sido aprobado por la Cámara en una votación de 69-47 el 24 de abril, y por el Senado en una votación de 22-18 el 26 de abril.
Entre las diferencias entre los proyectos de ley de las dos cámaras se encuentran las sanciones por violar la política: La Cámara de Representantes incluye multas para los funcionarios que adopten políticas santuario, y el Senado no.
El senador republicano Joe Gruters, presidente estatal republicano que presentó el proyecto de ley, había dicho anteriormente que esta ley restablece el «estado de derecho».
Según Gruters, el proyecto de ley solo apunta a «lo peor de lo peor» y solo afectaría a los inmigrantes ilegales que han sido arrestados y están sujetos a una orden federal de retención.
Las ciudades santuario son áreas que han promulgado medidas para impedir que los funcionarios locales cooperen con las autoridades federales de inmigración.
El senador republicano Tom Lee dijo que las políticas de las ciudades santuario son un insulto para aquellos que entran a Estados Unidos legalmente.
«Somos una nación de leyes, y creo que permitir fronteras porosas en las que la gente viene aquí desafiando nuestras leyes es algo abominable para toda la gente que ha venido aquí legalmente», dijo Lee, según el Herald-Tribune.
Trump y las ciudades santuario
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un firme crítico de las ciudades santuario. Anteriormente había dicho que estaba considerando un plan para transportar exclusivamente a ciudades santuario a los inmigrantes ilegales que son detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera suroeste.
Trump dijo que la iniciativa haría «muy felices» a los que apoyan las zonas de santuario.
«Debido al hecho de que los Demócratas no están dispuestos a cambiar nuestras muy peligrosas leyes de inmigración, en realidad, como se informó, estamos dando fuertes consideraciones para colocar a los inmigrantes ilegales en ciudades santuario solamente”, escribió en Twitter.
«La Izquierda Radical siempre parece tener una política de Fronteras Abiertas, Brazos Abiertos, así que esto debería hacerlos muy felices».
Ocho estados y cientos de ciudades a través de los Estados Unidos son reconocidos como santuarios para los inmigrantes ilegales.
La administración Trump propuso una nueva normativa en abril que evita que a los inmigrantes ilegales se les conceda asistencia financiera para la vivienda pública, y asegura que los ciudadanos estadounidenses sean los primeros en revisar los subsidios de vivienda.
Bowen Xiao y The Associated Press contribuyeron a este informe.
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