El 5 de agosto, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó una nueva medida impulsada por los republicanos que otorga una mayor protección legal a los agentes de policía y prevé sanciones penales adicionales para aquellos que atenten contra los agentes.
El proyecto de ley 838 de la Cámara de Representantes, tipifica como delito lo que denomina «intimidación motivada por prejuicios». En virtud de esta medida, las personas que causen la muerte o lesiones corporales graves a un agente de policía, un bombero o un técnico de emergencias médicas, pueden ser condenadas a un máximo de 5 años de prisión y a una multa de hasta USD 5000. El delito también se aplica a las personas que causen más de USD 500 en daños a la propiedad de los equipos de primera respuesta.
La medida dice que la sentencia debe añadirse a cualquier otra condena penal y no puede cumplirse al mismo tiempo que las demás y que cada violación se cuenta como un delito separado. Bajo estas reglas, las violaciones como el vandalismo dirigido a los oficiales podrían resultar en condenas separadas tanto para el nuevo crimen bajo el proyecto de ley 838 de la Cámara, como para el vandalismo en sí.
Los agentes de policía también podrán demandar a personas o entidades ya sea por infringir sus derechos civiles «derivados del desempeño de las funciones oficiales del agente» o por presentar a sabiendas denuncias falsas contra ellos.
Kemp dijo en un comunicado que promulgó la medida como ley porque asistió a demasiados funerales de oficiales muertos en cumplimiento del deber. Él describió el proyecto de ley como un «paso adelante en nuestro trabajo para proteger a aquellos que arriesgan sus vidas para protegernos».
«Aunque algunos vilipendian, apuntan y atacan a nuestros hombres y mujeres uniformados para obtener beneficios personales o políticos, esta legislación es un claro recordatorio que Georgia es un estado que respalda sin arrepentimiento el color azul», dijo Kemp.
Mientras tanto, los críticos dijeron que el proyecto de ley es defectuoso y no está en consonancia con los esfuerzos del país para hacer que los oficiales sean más responsables de sus acciones.
La nueva ley se aprobó junto con un nuevo proyecto de ley que penaliza los crímenes de odio en Georgia. Los republicanos del Senado originalmente buscaron incluir a los equipos de primera respuesta como una clase protegida dentro del proyecto de ley de crímenes de odio, pero una furiosa revuelta de los demócratas amenazó con hundir el esfuerzo, especialmente porque algunos republicanos se opusieron al proyecto de ley de crímenes de odio.
Una opositora de la medida, Andrea Young, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Georgia, dijo que la ley «se redactó apresuradamente» y que era innecesaria en parte porque el código de Georgia ya incluye «protecciones más que suficientes» para los agentes de policía.
«El HB 838 se redactó apresuradamente como un golpe directo a los habitantes de Georgia que participaron en las protestas de Black Lives Matter, quienes estaban haciendo valer sus derechos constitucionales».
The Associated Press contribuyó a este informe.
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