El gobernador de Misuri, el republicano Mike Parson, anunció el 28 de octubre que ha emitido una orden ejecutiva para proteger los derechos individuales de los ciudadanos de su estado contra las «extralimitadas» órdenes de vacunación contra el COVID-19 de la Administración Biden.
«Como gobernador del Estado de Misuri, estoy con los ciudadanos de Misuri preocupados y haré todo lo que pueda para detener las órdenes federales de la vacuna contra el COVID-19», dijo Parson en un comunicado.
«Cuando el presidente Biden anunció sus planes iniciales para forzar órdenes de vacunas inconstitucionales, inmediatamente comenzamos a alinear los recursos del estado para la acción legal. Aunque esperábamos que la Administración Biden reconociera estas exigencias como el abuso de autoridad que son, no lo han hecho, y ahora debemos utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para luchar contra esta intrusión federal», dijo.
Parson argumentó que el gobierno federal no tiene autoridad para exigir que la gente reciba la vacuna contra el COVID-19. Calificó el intento de la Administración Biden de «acaparamiento de poder».
«La Constitución y sus interpretaciones históricas dejan claramente las decisiones de salud pública en manos de los estados. El gobierno federal no tiene autoridad para emitir órdenes sobre la vacuna COVID-19. La Administración Biden actuando sola para dictar y ordenar requisitos de salud representa el tipo de acaparamiento de poder federal contra el que los padres fundadores nos advirtieron», dijo Parson.
La Orden Ejecutiva 21-10 incluye tres áreas específicas de atención, según el gobernador:
- Todas las agencias, juntas, comisiones y otras entidades dentro de la rama ejecutiva del gobierno estatal tienen instrucciones de cooperar plena y oportunamente con el fiscal general del Estado de Misuri en el litigio en nombre del Estado de Misuri contra cualquier orden o requisito de la vacuna contra el COVID-19 impuesto por el gobierno federal.
- Ningún organismo, junta, comisión u otra entidad dentro de la rama ejecutiva del gobierno estatal obligará a ningún individuo a recibir la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con las órdenes federales de vacunación si el individuo se opone por razones religiosas o médicas.
- Ninguna agencia, junta, comisión u otra entidad dentro de la rama ejecutiva del gobierno estatal sancionará a individuos o empresas por no cumplir con las órdenes de la vacuna contra el COVID-19 impuestas por el gobierno federal si el individuo se opone por razones religiosas o médicas.
La orden ejecutiva de Parson se suma a un número creciente de gobernadores que intentan detener la aplicación de las órdenes de la vacuna COVID-19 mediante una orden ejecutiva.
La semana pasada, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey (R), emitió su propia orden ejecutiva contra las órdenes.
La declaración escrita de Ivey publicada con la orden del 25 de octubre declaraba que las órdenes de vacunación eran una «indignante extralimitación».
«La indignante extralimitación del gobierno federal simplemente no nos ha dado otra opción que empezar a tomar medidas, por lo que estoy emitiendo esta orden ejecutiva para luchar contra estas atroces órdenes de vacunas COVID-19. Los habitantes de Alabama —y los estadounidenses por igual— deben tener la opción de arremangarse para recibir esta vacuna y, desde luego, no ser obligados por el gobierno», escribió Ivey.
«Mientras el presidente Biden se ríe de la idea de proteger sus libertades, yo seguiré luchando por las empresas de Alabama y sus empleados», añadió la gobernadora.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, también firmó una orden ejecutiva que prohíbe a «cualquier entidad» de Texas aplicar la orden de la vacuna contra el COVID-19.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también se encuentra entre los gobernadores republicanos que están uniendo esfuerzos para oponerse a las vacunas obligatorias en su estado. DeSantis ha convocado una sesión especial de los legisladores estatales para considerar un proyecto de ley para oponerse a las órdenes en Florida.
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