El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la semana anterior una ley que convierte la alteración intencionada de boletas o informes electorales en un delito de segundo grado, que se castiga con hasta 20 años de cárcel.
El proyecto de ley firmado, HB 574 (pdf), específica que contar «a sabiendas o intencionadamente» los votos inválidos o negarse a contar los votos válidos, o bien alterar el informe para incluir los votos inválidos o excluir los válidos, es un delito grave de segundo grado. La ley entra en vigor el 1 de septiembre.
De acuerdo con el Código Penal de Texas, el castigo por un delito grave de segundo grado es una pena de cárcel de no más de 20 años o no menos de dos años, con una multa opcional de hasta 10,000 dólares.
Anteriormente, cometer intencionadamente un voto falso o proporcionar declaraciones o representaciones engañosas en documentos relacionados con las elecciones, era un delito menor de clase A, que se castiga con hasta un año de cárcel con una multa opcional de hasta 4000 dólares.
Abbott no hizo ningún comentario sobre la promulgación de la ley, pero el mes pasado indicó que la legislación de la integridad electoral es uno de los «elementos de emergencia que se debe aprobar» en las sesiones actuales.
Los partidarios de la ley dijeron que protegería la integridad de las elecciones y daría a los fiscales más herramientas para su cumplimiento.
Los opositores argumentaron que la ley podría crear un efecto disuasión entre las personas que desean ser trabajadores electorales al «amenazar con graves sanciones penales ante desacuerdos genuinos sobre la validez de las boletas electorales evaluadas», según el informe de la organización de investigación de la Cámara estatal (pdf).
La legislatura, dirigida por los republicanos, aprobó una serie de proyectos de ley relacionados con las elecciones y los entregó al escritorio de Abbott para que los firme.
Uno de ellos, el HB 2283 (pdf), que fue entregado a Abbott el 31 de mayo, prohíbe a los funcionarios electorales de los condados aceptar una donación superior a 1000 dólares o utilizarla para administrar las elecciones.
El proyecto de ley fue introducido en respuesta a las donaciones del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, de aproximadamente 400 millones de dólares para las elecciones de los condados de todo el país, informó el Center Square.
Otro proyecto, el SB 598 (pdf), fue enviado a Abbott el 1 de junio. El proyecto de ley exige que las máquinas de votación utilizadas en las elecciones sean auditables. Además, exige que los sistemas de votación estén desconectados de cualquier red externa, incluida Internet. También exige que se realicen auditorías de riesgo de ciertos resultados electorales y requiere que el secretario de Estado lleve a cabo un programa piloto de auditoría.
El 27 de mayo, fue enviada al escritorio de Abbott el proyecto de ley SB 1111 (pdf), que prohíbe que una persona establezca su residencia con la intención de influir en una elección, y un votante solo puede registrar el lugar de residencia física como la dirección del votante, no apartados de correos o lugares similares.
Luego, el 29 de mayo, fue enviado al gobernador el proyecto de ley SB 1113 (pdf), que exige que el registrador apruebe, cambie o cancele oportunamente el registro de un votante según la ley vigente. De lo contrario, el secretario de estado puede retener los fondos de los funcionarios electorales.
A su vez, el 30 de mayo, un proyecto de ley de reforma electoral integral, SB 7, no fue aprobado por la Cámara cuando los demócratas organizaron un paro para evitar tener el quórum necesario esa noche.
El proyecto de ley SB 7 (pdf) otorga más poder a los observadores electorales al concederles más acceso dentro de las áreas de votación, al tiempo que crea nuevas sanciones contra los funcionarios electorales que restringen los movimientos de los observadores. La propuesta también permite a un juez anular el resultado de una elección si el número de votos fraudulentos pudiera cambiarlo.
Además especifica que los funcionarios que envíen boletas de voto por correo a personas que no las hayan solicitado también pueden enfrentar sanciones penales.
Abbott calificó el abandono de los legisladores demócratas de «profundamente decepcionante y preocupante». El gobernador dijo que vetaría la financiación de la legislatura y convocaría una sesión especial para volver a examinar el proyecto de ley.
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