En medio de la batalla legal de los gobiernos locales con el estado de Florida por una ley de armas, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que ampliaría la prohibición de las regulaciones locales sobre armas de fuego.
El proyecto de ley, conocido como SB 1884, se firmó el 7 de mayo y entrará en vigor el 1 de julio.
Esta propuesta fortalecerá una ley de 2011 que tiene el potencial de hacer que los gobiernos locales paguen hasta USD 100,000 en daños por hacer cumplir las regulaciones de armas de fuego. Además, los funcionarios locales podrían enfrentar multas de USD 5000 y una posible remoción si aprueban las regulaciones de armas.
El resultado final de la actual batalla legal podría ser determinado por la Corte Suprema de Florida.
El proyecto de ley firmado por DeSantis ampliaría la ley de 2011 al permitir acciones legales para las directivas locales no escritas que ignoran las medidas para la prelación normativa de la regulación de armas.
La prelación normativa en leyes se refiere al concepto de una jurisdicción superior que desplaza la ley de una inferior cuando ambas están en conflicto.
Además, las autoridades locales podrían enfrentar daños y honorarios de abogados si modifican las políticas de armas de fuego después de que se presentan los casos legales.
Los representantes legales del gobierno local presentaron una moción el mes pasado pidiendo al Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito que transfiera los puntos principales del caso al Tribunal Supremo, dos semanas después de que el tribunal de apelaciones con sede en Tallahassee confirmara la constitucionalidad de la ley de 2011.
“Miles de funcionarios electos, independientemente del partido político, en cientos de gobiernos locales en todo el estado, prestan juramento para servir al bien público y representar a sus electores; y lo hacen creyendo que su acto legislativo por excelencia de votar a favor de una ordenanza no los someterá ni a responsabilidad ni a una inquisición judicial sobre sus motivos”, afirma en parte la introducción de la moción (pdf).
“A la luz de las cuestiones de gran importancia pública en cuestión al someter a dichos servidores públicos a una disección de pensamientos y motivos para cumplir con su obligación legislativa de votar, es apropiado que la Corte Suprema de Florida reconcilie los intereses constitucionales en competencia en este caso, para sopesar los pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la importancia de la inmunidad legislativa local y decidir si el deseo de la Legislatura de castigar a los funcionarios electos locales puede sobrevivir a esa investigación”.
El representante Cord Byrd, (R-Neptune Beach), quien fue el patrocinador de la Cámara de Representantes del SB 1884, dijo durante un debate en el pleno el 28 de abril que la medida es necesaria para asegurar los derechos de la Segunda Enmienda, informó SunSentinel.
Byrd dijo que la medida pretende «enviar un mensaje» a los gobiernos locales.
“Yo presenté esto para que los gobiernos locales de una vez por todas dejen de violar los derechos y dejen de malgastar el dinero de los contribuyentes”, dijo Byrd.
Sin embargo, los demócratas sostuvieron que los gobiernos locales no deberían ser penalizados por intentar contener los incidentes de tiroteos masivos, como el incidente del club nocturno Pulse de 2016 en Orlando.
«Si el estado no quiere tomar ninguna medida contra el lobby de las armas, que deje de prohibir que los gobiernos locales hagan eso», comentó la representante Anna Eskamani (D-Orlando) durante el debate.
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