El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó un proyecto de ley que protege a los propietarios de viviendas de los ocupantes ilegales —personas que ocupan las casas de otras personas sin permiso y se niegan a marcharse— con una nueva ley que impone penas más duras por la ocupación ilegal y prevé un proceso de desalojo acelerado.
El 24 de abril, Kemp estampó su firma en el proyecto de ley 1017 de la Cámara de Representantes, conocido como «Ley de reforma de la ocupación ilegal de Georgia», antes de anunciar en las redes sociales la medida, que se produce en medio de un aumento de las noticias nacionales sobre ocupantes ilegales que se apoderan de viviendas vacías, se niegan a abandonarlas y, en ocasiones, aterrorizan a los propietarios.
«Gracias a nuestros socios legislativos, tuve el orgullo de firmar la ley HB 1017, dejando claro una vez más que los ocupantes ilegales son delincuentes, no residentes».
La Ley de Reforma de los Ocupantes Ilegales de Georgia, que entró en vigor inmediatamente después de que el Sr. Kemp la firmara, modifica las leyes estatales sobre allanamiento criminal, daños a la propiedad y el proceso de desalojo de personas que ocupan ilegalmente la propiedad de alguien.
Indignante
La ley recién aprobada tipifica como delito la ocupación ilegal, definiéndola como entrar y residir en el terreno o local del propietario sin su permiso.
Las personas sospechosas del delito de ocupación ilegal recibirán una citación en la que se les exigirá que presenten una prueba del consentimiento del propietario en un plazo de tres días. Si no aportan dicha autorización, serán detenidos por allanamiento de morada.
Si presentan dicha documentación, se celebrará una vista ante un tribunal de primera instancia en un plazo de siete días para determinar si los documentos son auténticos y válidos. La presentación de documentación fraudulenta o inadecuada dará lugar a la detención por delito grave y a la expulsión del ocupante ilegal de la propiedad. A estas personas también se les impondrán multas adicionales por daños y perjuicios, alquileres atrasados basados en el valor justo de mercado de la propiedad y hasta un año de cárcel.
«Con la Ley de Reforma de los Ocupantes Ilegales ahora convertida en ley, reafirmamos nuestra postura contra los intrusos no deseados en nuestro estado, dejando claro que sus acciones son criminales y se enfrentarán a las consecuencias», dijo en un comunicado el representante estatal de Georgia Devan Seabaugh, republicano que patrocinó el proyecto de ley.
«Felicito a mis colegas legislativos por sus diligentes esfuerzos para impulsar esta medida vital, que facultará a los propietarios de Georgia para hacer frente a los ocupantes ilegales intrusivos de una manera eficaz», agregó.
Kemp declaró a Fox News en una entrevista que considera que el creciente problema de los ocupas que vulneran los derechos de los propietarios de viviendas en lugares de todo Estados Unidos es un ejemplo de las supuestas políticas blandas contra la delincuencia de la administración Biden.
«Es una locura que la gente piense que puede entrar y apoderarse de la casa de alguien. Es indignante», declaró Kemp al citado medio. «Realmente señala, como hemos visto en todo el país, la anarquía que se ha producido bajo la administración Biden».
En los 50 estados existen leyes conocidas como «derechos de los ocupantes ilegales» que permiten a cualquiera que ocupe ilegalmente la propiedad de otra persona reclamar su propiedad si no es desalojado al cabo de cierto tiempo.
Conocidas como «leyes de posesión adversa», solo permiten desalojar a los ocupantes ilegales que reclaman la propiedad mediante un juicio de desahucio, que puede prolongarse durante meses o años.
Kemp dijo que la legislación de Georgia pretende abordar el problema de la ocupación ilegal para «endurecer las penas, perseguir a esta gente, acelerar el proceso de desahucio» y permitir a los propietarios demandar a los ocupantes ilegales por daños y perjuicios.
Aprovechar los vacíos legales
Algunos expertos han declarado a The Epoch Times que las pandillas de delincuentes se aprovechan de estas leyes para ocupar propiedades y convertirlas en fumaderos de droga.
Otros han advertido que es posible que los inmigrantes ilegales, que han estado cruzando la frontera en cantidades sin precedentes, empiecen a aprovecharse de la misma laguna legal.
«Abrimos nuestras fronteras y creo que fue irresponsable hacerlo sin disponer de los recursos necesarios para atender a toda esa gente que hoy está en las calles», dijo Flash Shelton, fundador de una empresa de desalojo de ocupantes ilegales llamada Squatter Hunters, a The Epoch Times en una entrevista anterior.
«Es solo cuestión de tiempo que se den cuenta de que pueden irrumpir en la casa de alguien mientras está de vacaciones y reclamar derechos de ocupación ilegal», continuó. «La ocupación ilegal es algo viral ahora mismo en Estados Unidos y algo que no se tiene en cuenta con las masas de personas que llegan indocumentadas sin pasar por un sistema legal».
David Yukelson, director ejecutivo y consejero delegado de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, dijo a The Epoch Times que en California los departamentos de policía carecen de personal suficiente y no pueden atender las quejas sobre ocupaciones ilegales.
«El departamento de policía de Los Ángeles está mermado y le faltan cien agentes. No tienen tiempo para ocuparse de estas cosas. Se les enseña un contrato de alquiler falso y no se involucran más allá de eso porque es un asunto civil», dijo Yukelson.
Yukelson mencionó un caso en el condado de Ventura en el que pandillas de narcotraficantes colombianos ocuparon ilegalmente viviendas.
«Se quedaban todo el tiempo que podían con identidades falsas y vendiendo droga en el apartamento hasta que los echaban», explica.
Con estas historias en los titulares de todo el país, varios estados han aprobado leyes más duras contra los ocupantes ilegales, entre ellos Florida y Nueva York.
A nivel federal, se ha presentado recientemente en el Congreso un proyecto de ley denominado SHIELD (Safeguarding Homes from Illegal Entry, Living and Dwelling) que, entre otras cosas, tipificaría como delito de deportación la ocupación ilegal de viviendas por extranjeros.
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