El gobernador de Ohio, Mike DeWine, promulgó la «Declaración de Derechos de los Padres», que otorga a los padres el derecho a ser informados si el material educativo de sus hijos en la escuela incluye contenido sexual inapropiado.
El gobernador firmó el Proyecto de Ley 8 de la Cámara de Representantes el 8 de enero, según un comunicado de su oficina.
La ley exige que las escuelas públicas aseguren que «cualquier contenido sobre sexualidad sea apropiado para la edad y el desarrollo de los estudiantes» y que se notifique a los padres sobre «materiales didácticos que incluyan contenido sobre sexualidad», según un análisis del proyecto de ley. Este contenido abarca temas sensibles y controvertidos relacionados con el género. Además, los padres deben tener «la oportunidad de solicitar una instrucción alternativa» según la nueva ley.
Las escuelas deben informar a los padres cuando proporcionen servicios de atención sanitaria a los niños, y los tutores tienen el derecho de rechazar dichos servicios. Si una escuela ofrece servicios de bienestar mental, emocional o físico a los estudiantes, debe notificar a los padres sobre cualquier cambio relacionado con estas actividades, incluyendo solicitudes de estudiantes para identificarse con un género diferente al de su sexo biológico.
La ley prohíbe al personal escolar alentar a los niños a ocultar información relacionada con su salud o bienestar a sus padres, a menos que dicha divulgación pueda conducir a abuso o negligencia.
Todas las escuelas públicas están obligadas a establecer un proceso para resolver las inquietudes de los padres sobre los asuntos cubiertos en la ley.
La ley afirma que «un padre tiene el derecho fundamental de tomar decisiones concernientes a la crianza, educación y cuidado de su hijo».
Además de los temas relacionados con la sexualidad y la salud, el Proyecto de Ley 8 también requiere que las escuelas públicas adopten una política que permita a los estudiantes ausentarse para asistir a clases de instrucción religiosa, si los padres lo aprueban.
El Center for Christian Virtue, un grupo de defensa, celebró la promulgación de la ley, afirmando que protege a los estudiantes de ser inducidos por el personal escolar a realizar una «transición social» a otro género sin la aprobación de los padres.
«Los padres, no los burócratas gubernamentales, deberían tomar las decisiones sobre la salud y educación de sus hijos. El gobernador DeWine prestó un servicio increíble a las familias de Ohio al firmar la Ley de la Cámara 8 (HB8). ¡Gracias, gobernador, por proteger los derechos de los padres!», dijo Aaron Baer, presidente del grupo.
Por otro lado, Equality Ohio criticó la firma de la ley en una publicación del 8 de enero.
«HB 8 tuvo oposición bipartidista en la legislatura estatal, ya que no hizo nada para crear una escuela que dé la bienvenida a los estudiantes LGBTQ+ de Ohio tal como son, y no apoyó a los maestros en la creación de un ambiente de aprendizaje seguro», dijo Dwayne Steward, director ejecutivo de Equality Ohio.
Agregó que la ley «castiga» a los maestros y al personal educativo por apoyar a los estudiantes de la comunidad LGBT, quienes ya son objetivos de intimidación y acoso.
El grupo de defensa Parents Defending Education respaldó la ley, afirmando: «La participación de los padres en la educación de un niño es vital para el éxito de ese niño».
Según ellos, más de 1000 distritos escolares en todo Estados Unidos implementaron políticas que requieren no informar a los padres si su hijo comienza a usar otro pronombre o nombre en la escuela.
El grupo señaló que tres distritos en Ohio tienen tales políticas: el Distrito Escolar de la Ciudad de Bexley, las Escuelas Públicas de Cincinnati y las Escuelas de Olentangy.
«El Proyecto de Ley 8 garantizaría que las escuelas, a través de políticas de exclusión de los padres u otras medidas, no puedan usurpar los derechos fundamentales de los padres para dirigir el cuidado y la crianza de sus hijos», afirmó el grupo.
Ohio ya ha tomado medidas para abordar la transición de género en menores. En diciembre de 2023, el Senado estatal aprobó una ley que prohíbe los procedimientos de cambio de género en niños.
El asunto llegó a los tribunales y, en agosto del año pasado, una corte del condado dictaminó que la ley no violaba la Constitución estatal.
El juez determinó que el estado tiene un interés legítimo en proteger la salud de los menores.
El fiscal general de Ohio, Dave Yost, celebró la decisión de la corte.
«Este caso siempre trató sobre la autoridad de la legislatura para promulgar una ley que proteja a nuestros niños de tomar decisiones médicas y quirúrgicas irreversibles sobre sus cuerpos», dijo un portavoz de Yost.
«La ley no dice ‘no’ para siempre; simplemente dice ‘ahora no’ mientras el niño aún está creciendo».
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