El fiscal general de Oklahoma, John O’Connor, ha instado a los dueños de empresas privadas a «ignorar» sugerencias de vacunación basadas en el decreto federal de vacunación de la Administración Biden que les exige a las empresas, con 100 o más empleados, tener vacunado a todo su personal.
El presidente Joe Biden anunció en septiembre planes para imponer un decreto de vacunación a empleados de empresas privadas con más de 100 trabajadores, requiriendo que se vacunen o se hagan la prueba para COVID-19 semanalmente. Alrededor de 80 millones de estadounidenses en empresas del sector privado con más de 100 empleados se verían afectados si el decreto entrara en vigor.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), una agencia dependiente del Departamento de Trabajo, presentó el 12 de octubre el texto inicial del decreto de vacunación, dirigido a empleadores privados, a la Oficina de Administración y Presupuesto para su revisión, el primer paso concreto que la administración ha tomado desde el anuncio de Biden en septiembre.
Pero en un comunicado emitido el jueves, O’Connor dijo que los empleadores enfrentan una creciente presión por parte de la administración de Biden para que actúen conforme al decreto de vacunación, sin embargo, el fiscal los instó a no hacerlo.
O’Connor dijo que está listo para llevar a Biden a los tribunales en cuanto se hagan públicas las reglas.
«Actualmente no hay normas que obliguen a los empresarios a imponer la vacuna anti-COVID a sus empleados», escribió O’Connor. «Insto a los empresarios de Oklahoma a que hagan caso omiso de los deseos de la administración Biden. En el caso de que se emitan normas federales de emergencia que impongan tal exigencia ilegal a los empleadores, nuestra oficina se unirá a otros fiscales generales estatales de todo el país para demandar rápidamente y buscar una orden judicial contra cualquier implementación o aplicación».
Continuó: “Los habitantes de Oklahoma deben tener derecho a tomar sus propias decisiones personales sobre su salud y la de sus familias. Lamentablemente, los empleadores que exigen vacunas lo hacen por iniciativa propia. Las exenciones religiosas, médicas y personales deben ser aprobadas uniformemente por esos empleadores como mínimo”.
El gobernador de Oklahoma Kevin Stitt, que ha sido vacunado, también apuntó el jueves al decreto de Biden y dijo que no «cree que sea tarea del gobierno dictar políticas a las empresas privadas».
“Esta acción no es solo una extralimitación federal; es inconstitucional”, dijo Stitt, un republicano, en un comunicado en video. “La administración del presidente Biden no respeta las libertades individuales. No puedo creer que tengamos un presidente que quiera obligar a los estadounidenses a elegir entre una vacuna o su trabajo”.
«Las personas a las que esto afecta no son sólo estadísticas. Son habitantes reales de Oklahoma con preocupaciones reales. Son valientes enfermeras y cuidadores. Son madres y padres expectantes. Son los socorristas y bomberos y los valientes encargados de hacer cumplir la ley».
Añadió que vacunarse es una «elección personal» y señaló que él mismo había elegido vacunarse después de hablar con su médico.
Stitt dijo que más del 71 por ciento de los habitantes de Oklahoma de 18 años o más han optado por vacunarse, mientras que el 93 por ciento de los habitantes de Oklahoma de 65 años o más también han sido vacunados.
“Sabemos que la vacuna anti-COVID es nuestra mejor defensa contra enfermedades graves. Pero los decretos estáticos, de talla única, simplemente no se ajustan a la realidad en la que nos encontramos hoy”, agregó.
En una conferencia de prensa el jueves, Biden defendió el decreto de vacunación impuesto a los empleados.
“Cada día, vemos que más empresas implementan requisitos de vacunación y los datos acumulados muestran que funcionan”, dijo Biden. “Las empresas y las organizaciones que están implementando requisitos ven que sus tasas de vacunación aumentan en un promedio del 20 por ciento, o más, a más del 90 por ciento del número de empleados vacunados”.
Sin embargo, el mandato ha provocado un retroceso significativo, con funcionarios a nivel estatal en más de la mitad de los estados que prometen luchar contra él, mientras que otros han expresado su preocupación de que dicho decreto podría conducir a una escasez de trabajadores en todas las industrias, ya que los empleados renuncian o pierden sus trabajos por no vacunarse.
Por otra parte, la administración Biden ordenó en septiembre que todos los trabajadores del poder ejecutivo federal deben estar vacunados, incluidos los empleados de contratistas que hacen negocios con el gobierno federal. No tienen opción para las pruebas de PCR semanales y se estableció una fecha límite del 8 de diciembre para que se vacunen.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
