La gobernadora de Michigan firmó el 20 de noviembre proyectos de ley que le prohíben a las personas condenadas por ciertos delitos menores el porte de armas durante casi una década.
Los proyectos de ley les prohíben a las personas condenadas por un delito menor, que implique violencia doméstica, la posesión, tenencia y venta de armas de fuego hasta ocho años después de haber cumplido la pena de prisión y libertad condicional y todas las multas.
La nueva legislación «mantendrá las armas de fuego fuera del alcance de personas que probablemente representen un peligro para otros, individuos condenados por delitos menores de violencia doméstica», dijo la senadora estatal Stephanie Chang, una demócrata que patrocinó uno de los proyectos de ley, antes de que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, los firmara.
Whitmer, otra demócrata y exfiscal, dijo que los proyectos de ley «protegerán a los sobrevivientes de violencia doméstica, a sus familias y… harán que nuestras comunidades sean más seguras».
«Estos proyectos de ley se basan en una idea simple: Si usted ha sido declarado culpable en un tribunal por agredir violentamente a su pareja, no debería poder acceder a un arma mortal, una que podría usar para amenazarla, dañarla o matarla… Sólo sentido común», añadió.
Los legisladores señalaron cómo algunas mujeres son asesinadas por su pareja actual o anterior, según datos federales.
Los delitos menores de violencia doméstica incluyen asalto y agresión, abuso de adultos vulnerables y allanamiento de morada.
La víctima debe caer en una determinada categoría, como haber tenido una relación de noviazgo con el condenado o haber tenido un hijo con el condenado.
Los proyectos de ley consagran parcialmente la ley federal que les prohíbe a los condenados por violencia doméstica la posesión de armas, pero también incluyen delitos menores no violentos que no están cubiertos por la ley federal.
Los defensores dijeron que las nuevas leyes pueden garantizar que la prohibición federal se mantenga incluso si la Corte Suprema de Estados Unidos la deroga. El máximo tribunal del país está considerando actualmente la posibilidad de revocar una ley que les prohíbe a los condenados por violencia doméstica poseer armas. La Corte escuchó los argumentos orales del caso el 7 de noviembre.
«Mientras la Corte Suprema sopesa si defender las leyes de sentido común para desarmar a los abusadores domésticos, la gobernadora Whitmer y la legislatura de Michigan están adoptando una postura clara: Si tienes un historial de violencia de pareja, no tienes por qué poseer un arma», dijo John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, que aboga por leyes de control de armas, en un comunicado.
Los críticos dijeron que los tribunales estarían en desacuerdo con agregar delitos menores no violentos a la lista de condenas que causan que uno no pueda tener un arma de fuego.
«Los tribunales federales están anulando las prohibiciones de armas a delincuentes no violentos, ¿Qué crees que harán con una prohibición de armas a delitos menores no violentos?», afirmó en un comunicado Great Lakes Gun Rights, que ha estado movilizando a sus miembros contra los proyectos de ley.
Los proyectos de ley fueron aprobados «con el pretexto de luchar contra la violencia doméstica y simplemente buscando ‘reflejar’ la ley federal, pero nada podría estar más lejos de la verdad», dijo el grupo.
Martha y Rick Omilian, cuya hija fue asesinada a tiros por un exnovio en 1999, estuvieron entre los que presionaron a los legisladores para que aprobaran los proyectos de ley.
Las leyes «salvarán la vida de alguien y le darán la oportunidad de vivir», dijo Omilian en la ceremonia de firma del proyecto de ley. «Una vida plena y significativa, una oportunidad que Maggie no tuvo».
Los demócratas en Michigan aprobaron previamente un proyecto de ley que les permite a los tribunales eliminar el derecho de una persona a poseer un arma si se considera que representa un riesgo para sí misma o para otros. La Sra. Whitmer firmó ese proyecto de ley en mayo.
Esa ley permite que personas como familiares, policías y exparejas soliciten a un juez que despoje a una persona de su derecho a poseer armas si el juez determina que el individuo representa una amenaza inmediata para sí mismo o para otros. El juez debe decidir en un plazo determinado, y la prohibición de propiedad suele durar un año. Algunos alguaciles se negaron públicamente a hacer cumplir esa ley, alegando que era inconstitucional.
Más detalles
Las personas condenadas por delitos menores adicionales no podrán poseer armas durante tres a cinco años, según el cargo, de acuerdo a las nuevas leyes.
Los proyectos de ley fueron aprobados en gran medida por los demócratas, que controlan ambas cámaras legislativas, además de la gobernación. Los republicanos votaron en gran medida en contra de las legislaciones.
Los demócratas cambiaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado estatales en las elecciones de 2022.
Los infractores de los proyectos de ley se enfrentarán a un cargo de delito grave. Las violaciones se castigan con hasta cinco años de prisión y una multa de USD 5000.
Los proyectos de ley entrarán en vigor en febrero de 2024.
Los proyectos de ley podrían tener un impacto fiscal negativo en los gobiernos estatales y locales porque pueden dar lugar a que más personas sean encarceladas o puestas en libertad condicional, según análisis de la legislatura estatal.
El costo promedio para el estado por la supervisión de la libertad condicional, por ejemplo, es de USD 4200 por persona por año, mientras que el costo promedio anual para alojar a un prisionero en una instalación estatal es de USD 45,700.
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