La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, decidió modificar su orden sanitaria de emergencia, que inicialmente suspendía todas las formas de portar armas en la ciudad más grande del estado, después de enfrentarse a múltiples desafíos legales.
En un principio, la Sra. Grisham prohibió durante 30 días las armas de fuego descubiertas y ocultas en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, asolada por la delincuencia, y en el condado circundante de Bernalillo, como parte de una emergencia de salud pública por la «violencia armada».
Ella vinculó su controvertida decisión a las recientes muertes a tiros de niños en estas localidades, entre ellas la de una niña de 13 años el 14 de agosto y la de un niño de 11 años el 6 de septiembre, así como a dos tiroteos masivos ocurridos este año.
Su orden indignó a los defensores de los derechos de las armas y se enfrentó a las críticas de sus compañeros demócratas y de las fuerzas del orden, que la consideraron inconstitucional. Las organizaciones defensoras de los derechos de las armas presentaron una demanda contra la gobernadora.
La Sra. Grisham dijo el 15 de septiembre que había eliminado la disposición anterior y la reemplazó con una que prohíbe temporalmente la portación de armas en parques y áreas de juego en Albuquerque y el condado de Bernalillo.
Además, la gobernadora indicó que seguiría presionando para que se adopten medidas para garantizar la seguridad pública.
«Yo voy a seguir presionando para asegurarme de que todos utilicemos todos los recursos disponibles para poner fin a esta emergencia de salud pública con la urgencia que esta se merece», dijo la Sra Grisham en una declaración.
«No aceptaré el status quo —ya es suficiente», añadió Grisham. La gobernadora hizo el anuncio en Albuquerque, ante líderes legislativos estatales y funcionarios de seguridad pública.
Según su oficina, la orden actualizada también aclara que la limitación del porte de armas no se aplica a los parques administrados por el Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales o la Oficina de Tierras del Estado.
Juez federal bloquea temporalmente la orden
Esto se produjo después de que un juez federal bloqueara temporalmente la orden de la gobernadora con el argumento de que su suspensión de 30 días del derecho a portar armas de fuego iba en contra de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que las personas tienen derecho a portar un arma fuera de sus hogares en defensa propia.
«Ellos solo quieren el derecho a portar armas», dijo el juez de la Corte de Distrito David Urías, designado por el presidente Joe Biden, refiriéndose a los demandantes que solicitaron una orden de restricción temporal sobre partes de la orden.
El sheriff del condado de Bernalillo, John Allen, indicó el 12 de septiembre que le había dejado claro a la Sra. Grisham que su departamento no defenderá lo que considera una emergencia de salud pública inconstitucional.
También declaró que sigue «concentrado y comprometido» en encontrar soluciones significativas y que la orden ejecutiva de la Sra. Grisham «solo ha distraído a todos de ese proceso».
«Nuestro objetivo es centrarnos en los desafíos apremiantes de los delitos violentos y la violencia armada en nuestra comunidad sin distracciones», dijo la oficina del Sr. Allen a The Epoch Times.
El sheriff ha estado en contacto con la oficina de la gobernadora desde que la orden de salud pública entró en vigor el 8 de septiembre, indicó el Oficial de Transparencia e Información Pública del sheriff, Jayme Fuller, a The Epoch Times.
En los días posteriores a la prohibición de armas, el alcalde de Albuquerque y el sheriff del condado de Bernalillo convocaron una sesión especial de la legislatura estatal para abordar los delitos relacionados con armas de fuego.
El alcalde Tim Keller dijo que necesitaba una legislación para arreglar un sistema de justicia penal que no funciona, regular las armas de asalto y brindar servicios de salud mental y adicciones, entre otras medidas.
«Las familias de Albuquerque no pueden permitirse debates políticos que nos distraigan de la lucha contra el crimen violento», escribió el martes el alcalde Keller en una carta a la gobernadora.
Alrededor de 500 personas mueren por armas de fuego cada año en Nuevo México, que ocupa el sexto lugar entre los estados de EE. UU. en la cantidad de muertes por armas de fuego per cápita, según el grupo de control de armas Everytown for Gun Safety.
Albuquerque se encuentra entre las 10 ciudades más peligrosas de Estados Unidos, según datos del FBI sobre delitos violentos.
Con la contribución de Allan Stein e información de Reuters.
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