La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó este sábado varias órdenes ejecutivas que tienen el fin de mitigar las situaciones ocurridas tras sismos que afectan la isla.
El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que firmó la orden ejecutiva 2020-007 que tiene el fin de autorizar la asignación de 12 millones de dólares, provenientes del fondo de emergencia, con una distribución de 2 millones de dólares, para los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco.
El desembolso de fondos será fiscalizado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto -OGP- sobre el control y documentación de gastos.
En caso de que, por causas de una declaración federal, se les requiera a los municipios el 25 % de pareo o cualquier otro porcentaje se autorizará usar ese fondo para dichos fines.
«Los fondos asignados mediante esta orden ejecutiva están destinados exclusivamente para reparar daños y mitigación relacionados a la emergencia. Dichos fondos van a ser fiscalizados minuciosamente para asegurarnos que cumplen con todos los requisitos de desembolso y garantizar que los mismos sean utilizados de manera responsable y transparente», aseguró la gobernadora.
Por otro lado, la primera ejecutiva firmó la Orden Ejecutiva 2020-006, la cual activa las disposiciones de la Ley 76-2000, según enmendada, que tiene el fin de restablecer los servicios de telecomunicaciones y data en la isla.
A la vez autoriza que las agencias pertinentes utilicen los medios que estimen necesarios para acceder a todas las torres de telecomunicaciones, instalaciones dedicadas e infraestructura relacionada, ubicada en propiedad privada.
«Es una prioridad que se refuerce infraestructura que asegure que todos los puertorriqueños tengan acceso a las redes de comunicación adecuadas», enfatizó Vázquez.
Dicha orden ejecutiva establece un proceso expedito, dispuesto en la Ley 76-2000 para el desarrollo de proyectos que fomenten una nueva o mejorada infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía y para el desarrollo económico en la isla.
Los proyectos pueden ser, pero no se limitan a: reparación, construcción y sustitución de infraestructura de telecomunicaciones en Puerto Rico, afectada por el terremoto.
La orden también establece que se mantendrá el subcomité interagencial de Cumplimiento Ambiental por vía acelerada, el cual está encargado de evaluar documentos ambientales presentados para desarrollar cualquier proyecto al amparo de esta orden ejecutiva.
El subcomité estará integrado por un miembro de la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como cualquier otro funcionario que la gobernadora designe.
Mientras, con el fin de implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar el orden público y proteger la vida, seguridad y propiedad de los ciudadanos, la gobernadora firmó la orden ejecutiva 2020-004, la cual establece un cuerpo de oficiales de paz que asista a las fuerzas de orden público estatales.
Dicha orden también deroga el boletín administrativo OE-2017-052.
«Tras los recientes movimientos telúricos, infraestructura vial, propiedad privada y comercial, así como sistemas de energía y demás servicios se vieron afectados. Para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, es importante que nuestros agentes del orden público tengan refuerzos que multipliquen los esfuerzos para que la seguridad sea efectiva», dijo Vázquez.
Dicha orden constituye un Cuerpo de Oficiales de Paz -Peace Officers- para que brinden apoyo y asistencia en el área de seguridad, a los agentes del orden público estatales.
El mismo estará compuesto por todos los funcionarios del orden público federal que tengan facultad en ley para efectuar arrestos y que estén en el desempeño de sus funciones.
Esta orden ejecutiva entra en vigor de manera inmediata y su aplicación será retroactiva al 7 de enero del 2020.
Finalmente, la primera ejecutiva firmó la orden ejecutiva 2020- 003, que tiene el fin de que los médicos u osteópatas, médicos asistentes y profesionales de la salud de otras jurisdicciones de los Estados Unidos puedan ejercer la medicina y servicios de salud en la isla, así como otorgar inmunidad del estado a estos profesionales voluntarios de Puerto Rico y otras jurisdicciones.
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