El Gobierno interino de Bolivia, en sus últimos días al mando del país, envió este jueves una carta al órgano electoral pidiendo una auditoría a los comicios del pasado 18 de octubre, para darle «certidumbre» a la población que en varias ciudades realiza algunos paros y protestas en señal de rechazo a los resultados.
La misiva está dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y la firma el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez.
La carta señala que ante las «expresiones públicas y espontáneas» de distintos sectores en el país denunciando un supuesto «fraude electoral» en las pasadas elecciones, solicita a ese órgano que considere una auditoría al proceso electoral con la finalidad de dar «certidumbre, tranquilidad y credibilidad» a la población.
«Dicha determinación es necesaria e imprescindible para otorgar mayor legitimidad a los resultados de las elecciones, por el bien de la democracia y la vigencia de la pacificación del país», se lee en la misiva.
Desde la pasada semana organizaciones ciudadanas y colectivos cívicos de ciudades como Santa Cruz, la mayor del país, La Paz, sede de Gobierno y el Parlamento, y Cochabamba realizan protestas, vigilias y paros cívicos.
Los manifestantes rechazan los resultados de los pasados comicios y exigen una auditoría e incluso la anulación del proceso electoral que dio la victoria por una amplia mayoría del 55.1 % de los votos a Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este jueves en Santa Cruz se produjeron algunas vigilias en puertas de instituciones como la Fiscalía y el bloqueo de calles, en señal de protesta por la posesión de los nuevos gobernantes.
El Comité Pro Santa Cruz, una influyente organización en la región del mismo nombre, la mayor de Bolivia y motor económico del país, ha llamado a un paro regional para el viernes.
El Gobierno transitorio de Jeanine Añez está en los últimos días al mando del país, ya que el domingo 8 está prevista la transmisión de mando a Arce en La Paz.
La victoria del MAS es reconocida incluso por sus rivales políticos, como la propia Añez, y la comunidad internacional, mientras que el órgano electoral descarta una auditoria para un proceso avalado además por observadores internacionales.
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