El Gobierno chileno dio este martes una semana a la Policía para que aclare las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, horas después de que Human Rights Watch (HRW) acusase a ese cuerpo de un uso excesivo de la fuerza y abusos contra detenidos.
La subsecretaria chilena de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó que se ha encargado a la dirección de Carabineros (Policía) «revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias» y elaborar un informe en el plazo de una semana.
El documento, explicó en una comparecencia pública, deberá incluir «propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan».
La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, presentó este martes las conclusiones sobre su visita a Chile y pidió al Gobierno acometer una reforma «urgente» del cuerpo policial, tras haber constatado la comisión por su parte de «graves» violaciones a los derechos humanos.
Las revueltas en Chile, las más graves desde el retorno de la democracia en 1990, han dejado veintitrés muertos en distintos actos de violencia (incendios, saqueos) y 2800 heridos, entre ellos 232 con serias lesiones oculares por disparos de perdigones.
La Policía anunció la semana pasada la suspensión temporal del uso de perdigones o balines para controlar las manifestaciones, ante las dudas sobre la composición real de las municiones y después de que la Universidad de Chile asegurase que los proyectiles no son solo de goma, sino que también contienen plomo, lo que explicaría el alto número de heridos.
La Fiscalía informó este martes de que ha iniciado 2670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas o violencia sexual.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
Muchos manifestantes desconfían de las tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.
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