Las protestas han estallado en Buenos Aires en los últimos 90 días y siguen aumentando dentro de la capital, mientras los residentes se enfrentan a su gobierno de centro-izquierda a causa de las considerables modificaciones a los programas sociales.
Los recortes a los subsidios en el sector energético en función de los ingresos de los hogares comenzaron desde junio.
Otros subsidios, como el famoso programa de bienestar social del país, también están a punto de ser recortados, lo que ha provocado que miles de residentes enfadados salgan a las calles.
La ayuda estatal a los civiles se ha disparado en los últimos 20 años, dejando a 22 millones de argentinos dependientes de alguna forma de asistencia gubernamental.
En el primer trimestre de 2022, la tasa de empleo nacional fue del 43 por ciento, según cifras del gobierno.
Los programas del país financiados por el estado se extienden a casi todos los aspectos de la economía, desde los salarios hasta los servicios públicos, educación y atención médica.
Se calcula que Argentina ya gasta 800 millones de pesos al día—una suma de más de USD 6 millones—en programas de prestaciones estatales.
Al mismo tiempo, la inflación en la nación sudamericana alcanzó el 58 por ciento en mayo y superó el 60 por ciento en julio. En contraste, la inflación nacional fue de poco más del 14 por ciento en 2015.
Harry Lorenzo, director de finanzas de Income Based Research, dijo a The Epoch Times que los hábitos de gasto del gobierno argentino son la raíz del creciente problema.
«El gobierno argentino lleva tiempo lidiando con una economía en colapso. La razón principal es el gasto insostenible del gobierno, que ha sido financiado en parte por generosos programas de asistencia social», explicó Lorenzo.
El caos económico se agudiza
Los gritos que reclaman más dinero del Estado, la liberación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la dimisión del presidente Alberto Fernández resonaron entre la multitud enfurecida que se reunió cerca de la—Casa Rosada—durante la celebración del día de la independencia de la nación el 9 de julio.
Desde entonces, han continuado las manifestaciones convocadas, dirigidas por organizadores profesionales de protestas o «piqueteros» que exigen la abolición de los recortes de subsidios propuestos y un aumento de los salarios.
«Esto es una locura. Lo que piden los piqueteros es locura”, dijo Álvaro Gómez a The Epoch Times.
Gómez vive y trabaja en Buenos Aires desde hace más de 15 años y actualmente es taxista. Con el paso de los años, ha visto cómo su país se hunde cada vez más en el caos económico.
“He visto ir y venir a cinco presidentes en ese tiempo; nada ha mejorado. La mitad de nuestro país no quiere un trabajo, y los que lo tienen, no quieren pagar los impuestos de los demás”, dijo.
El ministro de Economía de Argentina y estrecho aliado de Fernández, Martín Guzmán, renunció a su cargo el 2 de julio ante las quejas de que los conflictos internos le impedían hacer su trabajo.
Guzmán fue el impulsor detrás de un nuevo acuerdo crítico con el FMI. También se habría enfrentado a la actual vicepresidenta y expresidenta durante dos mandatos, Cristina Fernández de Kirchner, por la gestión de la creciente crisis económica de Argentina.
Kirchner es una vehemente partidaria de los subsidios y ha denunciado previamente la dependencia de Argentina del FMI.
En resumen, la mitad de la coalición gobernante quiere más rescates extranjeros como solución a las finanzas colapsadas y a la inflación.
La otra mitad quiere mantener los programas sociales existentes y ser independiente de la ayuda exterior mientras aumenta los impuestos a una población cada vez más empobrecida.
Actualmente, algunas partes de Argentina tienen más del 40 por ciento de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
Baja confianza de los inversionistas
Kirchner calificó la repentina renuncia de Guzmán como “un inmenso acto de irresponsabilidad política” durante una conferencia de prensa en la provincia de Santa Cruz.
Fernández nombró rápidamente a Silvina Batakis el 3 de julio para cubrir la vacante en el fundamental cargo.
Sin demorar tiempo, Batakis se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el 25 de julio para discutir un posible nuevo acuerdo para la deuda pendiente del país de USD 44,000 millones.
Robert Donnelly, gerente de finanzas de Marketplace Fairness, dijo a The Epoch Times que la dependencia de Argentina de los rescates extranjeros no es una solución, sino más bien una liberación de la válvula de presión económica a corto plazo.
“Si bien esto ha tenido cierto éxito, no ha resuelto el problema de fondo”, dijo Donnelly.
Él explicó que la administración de Fernández podría hacer varias cosas para aliviar la dependencia del país de los préstamos externos, como aumentar las exportaciones y atraer más inversión extranjera.
Aunque con el colapso del peso, la alta inflación y la falta de una estrategia clara del gobierno para avanzar, la confianza de los inversionistas externos sigue siendo muy baja.
Lorenzo sostiene que es primordial frenar el gasto público. «Esto implicaría reducir los programas de bienestar, que han sido un importante contribuyente a la deuda del país».
Sin embargo, para los 1.2 millones de afiliados que dependen del programa social Empower Work, que es un subsidio de ingresos que proporciona un salario digno por un período de tiempo indefinido, trabajar en un empleo regular está fuera de discusión.
“El gobierno espera que trabajemos de 8 a. m. a 5 p. m. por la misma cantidad de dinero”, se lamentó indignada una bonaerense y piquetera ante los periodistas durante un noticiero en vivo.
Cuando se le preguntó cómo había estado obteniendo ingresos para su hogar, la mujer respondió: «del gobierno».
Ira por tener que trabajar
Otro manifestante, un hombre adulto, también denunció los cambios propuestos al programa de asistencia social y dijo a los periodistas locales: “Cristina [Kirchner] nos dijo que tenemos que ir a trabajar en lugar de recibir prestaciones sociales. Ir a trabajar, esa es la política de un derechista”.
Los manifestantes continúan pidiendo más subsidios o que Fernández renuncie a su cargo.
Mientras tanto, el asediado jefe de Estado pidió la unidad en la nación económicamente devastada durante el 206 aniversario de la independencia del país. En el mismo discurso, Fernández arremetió contra los grupos que atacaban al gobierno y querían “quedarse con todos los ingresos”.
Con respecto a la profundización de la crisis económica nacional y la inestabilidad resultante, Fernández dijo que “la unidad siempre es fruto de la voluntad de los involucrados para consolidarla».
“La historia nos enseña que es un valor que debemos preservar en los momentos más difíciles”.
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