El Departamento de Educación de EE. UU. anunció el viernes que cancelará casi 5000 millones de dólares en préstamos federales para estudiantes de unos 73,600 prestatarios, la mayoría de los cuales son funcionarios públicos.
El anuncio supone el último esfuerzo del gobierno de Biden por centrarse en grupos específicos de solicitantes de préstamos estudiantiles federales modificando y ampliando las normas de los programas de ayuda existentes, después de que la Corte Suprema de EE. UU. rechazara su plan de condonación de la deuda, más amplio y costoso.
De los 73,600 beneficiarios anunciados el viernes, 43,900 recibirán 3200 millones de dólares en concepto de condonación de préstamos estudiantiles a través de condonación de préstamos por servicio público, un programa que borra los saldos pendientes de préstamos estudiantiles para quienes trabajan en empleos de servicio público, como profesores, enfermeros o policías, una vez que hayan efectuado 10 años de pagos admisibles.
En 2021, la administración Biden revisó el programa de condonación de préstamos, permitiendo que cientos de miles de prestatarios obtuvieran crédito adicional para la descarga final.
Los otros 1700 millones de dólares se destinarán a 29,700 personas actualmente inscritas en planes de reembolso basados en los ingresos. En este tipo de planes, el importe del pago mensual se ajusta en función de los ingresos del prestatario y del tamaño de su familia, y el prestatario puede optar a la eliminación de la deuda restante tras un determinado periodo de reembolso, que suele ser de 20 años en el caso de los préstamos para estudios universitarios y de 25 años en el caso de los préstamos para estudios de posgrado.
Según el Departamento de Educación, esos 29,700 prestatarios reembolsaron sus préstamos durante al menos 20 años y se ganaron su eventual alivio de la deuda, pero no lo recibieron porque los administradores de préstamos no «contabilizaron con precisión» sus pagos.
Incluyendo la ayuda del viernes, la administración Biden aprobó hasta ahora la cancelación de más de 136,000 millones de dólares en deudas de préstamos estudiantiles para más de 3.7 millones de personas.
«Hoy estamos ayudando a los prestatarios a los que se prometió ayuda con sus préstamos, planearon sus vidas en torno a esas promesas, y se ganaron la condonación a través de años de pagos», dijo el subsecretario de Educación de EE. UU. James Kvaal en un comunicado, prometiendo ayudar a «todos los perjudicados por el fallido sistema de préstamos estudiantiles».
Un auditor independiente vuelve a criticar al Departamento de Educación
El anuncio del viernes se produce mientras la comisión de educación de la Cámara de Representantes exige respuestas después de que un auditor independiente decidiera no ofrecer una opinión sobre las finanzas de la agencia federal para el año fiscal 2024 debido a «debilidades materiales» en la forma en que la administración Biden calculó el costo de proporcionar préstamos estudiantiles.
La representante Virginia Foxx (R-N.C.), que preside el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo en una carta enviada el jueves al secretario de educación, Miguel Cardona, que tendrá que explicar la auditoría fallida en una audiencia el próximo mes.
«En pocas palabras, el Departamento suspendió una auditoría durante dos años consecutivos, incumplió sus obligaciones y sigue haciendo estimaciones que no puede defender ante su auditor», escribió Foxx. «Estamos profundamente preocupados por el error de esta administración, su ineptitud general y el despilfarro deliberado del dinero de los contribuyentes. El pueblo estadounidense se merece algo mejor».
KPMG, el auditor independiente contratado por el inspector general del departamento, dijo en un informe el pasado noviembre que no tenía pruebas suficientes para proporcionar una opinión de auditoría «debido a errores no resueltos que KPMG identificó en los datos subyacentes» que el departamento utilizó para calcular el precio del programa federal de préstamos estudiantiles.
El año pasado, la misma auditora se negó a emitir un dictamen sobre el estado financiero anual del departamento por no poder aportar «elementos de prueba adecuados» que pudieran haber respaldado su estimación de cuánto costaría el plan de cancelación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden.
Según KPMG, los métodos que utilizó el departamento para estimar cuántas personas participarían en el plan de cancelación de deudas «no estaban adecuadamente diseñados con un nivel apropiado de precisión».
«Como resultado, la documentación sobre las estimaciones del coste del subsidio en los estados financieros no era suficiente para demostrar los cálculos de las estimaciones», escribieron en el informe del año pasado.
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