Los distritos escolares que desafíen las órdenes de sus estados aplicando los requisitos de uso de mascarilla y otras restricciones por el COVID-19 podrían recibir nuevas ayudas financieras del gobierno federal.
El Departamento de Educación de EE.UU. anunció el jueves que pondrá en marcha un nuevo programa de subvenciones denominado Proyecto SAFE (Supporting America’s Families and Educators). En las próximas semanas, se invitará a los distritos escolares que reúnan los requisitos a solicitar las subvenciones, que se distribuirán «lo más rápidamente posible y de forma continua».
La subvención estará disponible para que la soliciten los distritos escolares que «sus fondos sean retenidos por su estado o sean penalizados económicamente de alguna manera por aplicar estrategias para prevenir la propagación del COVID-19 de acuerdo con las orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), como el uso universal de mascarillas en interiores», según el departamento.
Se espera que los distritos escolares utilicen el dinero del Proyecto SAFE para «restaurar los fondos retenidos por los líderes estatales», dijo el departamento. Un ejemplo proporcionado es el caso de «miembros del consejo escolar o superintendentes a los que se les ha recortado el sueldo» después de que aplicaran «estrategias para prevenir la propagación del COVID-19 en las escuelas».
«Todos los estudiantes de todo el país merecen la oportunidad de volver a la escuela en persona de forma segura este otoño, y todas las familias deberían estar seguras de que su escuela está aplicando políticas que mantienen a sus hijos a salvo», dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona, en un comunicado de prensa. «Deberíamos agradecer a los distritos por utilizar estrategias probadas que mantengan las escuelas abiertas y seguras, no castigarlos».
Aunque el Departamento no mencionó ningún estado o distrito escolar específico, el anuncio se produjo en medio de una lucha constante entre los distritos escolares que exigen que los estudiantes usen mascarillas y los gobiernos estatales que han promulgado leyes o emitido órdenes que prohíben esas prácticas.
En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que ordena a los funcionarios estatales que se aseguren de que los padres tengan la última palabra sobre si sus hijos usan una mascarilla en la escuela. Al menos una docena de distritos escolares se resisten a esa orden y mantienen los requisitos de mascarilla. El 30 de agosto, el Comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, dijo que su departamento ha retenido fondos de los distritos escolares de los condados de Alachua y Broward en cantidades equivalentes a los salarios de cuatro miembros de la junta escolar de Alachua y ocho de Broward que votaron a favor de las ordenes de mascarillas.
«La retención de fondos continuará mensualmente hasta que cada junta escolar cumpla con la ley y la norma estatal», decía un comunicado de prensa de la oficina de Corcoran.
Mientras tanto, en Arizona, el gobernador republicano Doug Ducey ha anunciado que los distritos escolares pueden aprovechar la subvención estatal de 163 millones de dólares para la educación solo si «siguen todas las leyes estatales y permanecen abiertos para el aprendizaje en persona». Esto significa que los distritos que exijan mascarillas o cambien a clases online perderán la oportunidad de recibir un pago de hasta 1800 dólares por estudiante.
«Los padres tienen el mando, y es su derecho a tomar las decisiones que mejor se adapten a las necesidades de sus hijos», dijo Ducey el mes pasado al anunciar la decisión. «Las recomendaciones de seguridad son bienvenidas y alentadas; las ordenes que ponen más estrés en los estudiantes y las familias no lo son».
A principios de esta semana, las autoridades sanitarias de Montana emitieron una norma de emergencia que ordena a las escuelas que permitan a los padres decidir si no quieren que sus hijos usen mascarilla, lo que convierte a Montana en el último estado en introducir este tipo de medidas. Iowa, Carolina del Sur, Tennessee, Oklahoma y Utah también tienen políticas similares.
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