Gobierno de Biden da más margen a asilos de ancianos para cumplir con mandato de vacunación COVID

Por Bill Pan
29 de octubre de 2022 4:13 PM Actualizado: 29 de octubre de 2022 4:13 PM

El gobierno de Biden ha relajado los términos de sus directrices actualizadas sobre el cumplimiento de la vacunación contra el COVID-19, diciendo a los inspectores que no sancionen a las residencias de ancianos siempre que se hagan «esfuerzos de buena fe» para vacunar a todo su personal.

En un memorando (pdf) publicado el miércoles, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) afirman que siguen esperando que todos los centros residencia y de enfermería especializada se aseguren de que su personal está vacunado, a menos que la ley lo exima. Un centro con tasas de vacunación del «personal no exceptuado» por debajo del 100% se considera que no cumple con la normativa y, como resultado, puede correr el riesgo de que se le retiren los fondos federales de Medicare y Medicaid.

Dicho esto, la agencia federal también afirma que el incumplimiento del mandato de vacunación no siempre requiere la aplicación de la ley. Específicamente, los inspectores tienen instrucciones de considerar si los asilos de ancianos están mostrando un «esfuerzo de buena fe» para lograr el cumplimiento antes de tomar medidas de aplicación contra ellos.

Algunos ejemplos de acciones que demuestran un «esfuerzo de buena fe» incluyen si un centro no tiene acceso a la vacuna o lo tiene limitado y ha documentado los intentos de conseguir la vacuna, o si el centro proporciona pruebas de que ha tomado «medidas agresivas» para que todos los empleados se vacunen.

«Si el POC [plan de corrección] demuestra que la tasa de vacunación del personal del centro es del 90 por ciento o más, y se han desarrollado e implementado todas las políticas y procedimientos, esto se consideraría un esfuerzo de buena fe y la deficiencia podría ser eliminada, con el centro devuelto al cumplimiento sustancial», escribió la agencia.

Los cambios, según el CMS, tienen que ver con los niveles «relativamente bajos» de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en todo el país.

«Esto es un testimonio de las herramientas y protecciones existentes hoy en día, en particular el trabajo que los socios federales, estatales, locales y privados han hecho para conseguir más de 226 millones de personas vacunadas y más de 111 millones con vacunas de refuerzo», dijo la agencia en el memorando.

El mandato federal sobrevive a las impugnaciones judiciales

A principios de este mes, la Corte Suprema de EE. UU. se negó a escuchar una impugnación que pretendía apelar su fallo de enero, que confirmó por escaso margen el mandato de los CMS para los estadounidenses que trabajan en centros médicos que reciben financiación federal.

Diez estados demandaron al presidente Joe Biden cuando los CMS anunciaron el mandato en noviembre de 2021, y un juez federal de Misuri emitió una orden temporal para bloquearlo. La demanda fue liderada por Misuri, a la que se unieron Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming.

En una decisión dividida de 5 a 4 (pdf), el alto tribunal afirmó que los CMS tenían autoridad para imponer mandatos de vacunación a los centros sanitarios como condición para su participación en Medicaid y Medicare, reconociendo que la agencia lleva mucho tiempo exigiendo a los receptores de fondos federales que sigan ciertas normas, incluidas las de «prevención y control de infecciones».

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh se unieron a sus tres colegas liberales para formar una estrecha mayoría. «Después de todo, garantizar que los proveedores tomen medidas para evitar la transmisión de un virus peligroso a sus pacientes es coherente con el principio fundamental de la profesión médica: primero, no hacer daño», escribieron.

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito emitieron dos opiniones discrepantes. Mientras que Alito planteó la cuestión de por qué una agencia como los CMS puede «regular primero y escuchar después», Thomas argumentó que los CMS simplemente no tienen tal poder de reglamentación para obligar esencialmente a millones de trabajadores de la salud a someterse a un procedimiento médico que no desean.

«Si el Congreso hubiera querido conceder a los CMS la autoridad para imponer un mandato de vacunación en todo el país, y en consecuencia alterar el equilibrio estatal-federal, lo habría dicho claramente», escribió Thomas. «No lo hizo».


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