En medio de los llamados a nivel nacional para dar a los padres más opciones en la educación de sus hijos, la administración Biden propuso silenciosamente cambios que, según los críticos, dificultarán la apertura de nuevas escuelas públicas chárter y la supervivencia de las existentes.
El 14 de marzo, el Departamento de Educación de Estados Unidos publicó una propuesta normativa de 14 páginas sobre las prioridades, los requisitos y los criterios que deben cumplir las escuelas públicas chárter cuando soliciten fondos federales.
El departamento argumentó que los cambios tienen como objetivo «crear políticas orientadas a los resultados» para ayudar a «promover prácticas prometedoras y una rendición de cuentas», y se espera que sirvan de modelo para las regulaciones estatales.
De acuerdo con las nuevas normas propuestas, a las que se ha concedido un período de comentarios públicos inusualmente corto, de un mes, que dura hasta el 13 de abril, las escuelas públicas chárter tendrían que «colaborar con al menos una escuela pública tradicional» para que se les dé prioridad a la hora de recibir fondos federales. En concreto, los colegios chárter que deseen obtener fondos federales deberán presentar una carta firmada por el colegio público con el que colaboren, así como un plan en el que se detallen los recursos que están dispuestos a aportar a la asociación, incluidos los materiales curriculares, las oportunidades de desarrollo de los educadores y el transporte.
Muchas de las personas que dejaron sus comentarios sostienen que obligar a tales colaboraciones como una contingencia de una potencial financiación creará una carga injustificada para las escuelas chárter, en particular las que se construyen de una manera a la que se oponen los administradores de las escuelas del distrito. Algunos señalaron que, dada la historia de antagonismo de las escuelas tradicionales hacia las chárter, es más probable que la inclusión de esta prioridad obstaculice su avance y desarrollo.
Además, quienes planeen abrir nuevas escuelas chárter deberán preparar un «análisis del impacto en la comunidad» que demuestre su compromiso con la justicia social, especialmente en la lucha contra la llamada resegregación de las escuelas públicas, que los progresistas han achacado a los programas de elección de escuela.
Según la propuesta, este análisis debe incluir las proyecciones demográficas de una propuesta de la escuela chárter y su comparación con la de las escuelas públicas de la comunidad. También tiene que incluir un plan para asegurarse de que la propuesta de chárter «no obstaculice, retrase o afecte negativamente de alguna manera cualquier esfuerzo de desegregación en los distritos escolares públicos».
En realidad, muchas escuelas chárter atienden a comunidades predominantemente negras e hispanas y no dan prioridad a la diversidad racial en sus modelos de matriculación o contratación. La propuesta establece que ellos además deberán presentar un análisis del impacto en la comunidad cuando soliciten subvenciones federales.
En cuanto a las escuelas chárter que contratan servicios de organizaciones de gestión de la educación (EMO) con fines de lucro, las nuevas normas las inhabilitarían para solicitar subvenciones federales, aunque no es raro que las escuelas públicas contraten estos servicios básicos de EMO con fines de lucro.
Según la asociación National Alliance for Public Charter Schools, un total de 702 escuelas chárter que atienden a cerca de 450,000 alumnos son gestionadas por EMO.
«Tanto las escuelas chárter como los distritos tradicionales contratan a las EMO», dice la asociación en su sitio web. «Muchas EMO sirven como proveedores de servicios específicos relacionados con la gestión, como el apoyo de back-office, el alojamiento de plataformas web o la asistencia de personal».
Los defensores de las escuelas chárter consideran que la nueva propuesta es un movimiento político para apaciguar a los poderosos sindicatos de profesores a costa de las familias que podrían beneficiarse de más opciones educativas. La Federación Estadoundense de Maestros y la Asociación Nacional de Educación, los dos mayores sindicatos de maestros, son considerados tradicionalmente bastiones de los demócratas que respaldaron al presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
«Es indignante que Washington apunte a las escuelas chárter de esta manera, especialmente cuando más familias que nunca están recurriendo a las escuelas chárter», dijo la Alianza en una declaración. «No está bien jugar a la política con nuestros niños o nuestras escuelas. Las nuevas políticas deben poner a los niños primero, no a los sistemas».
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