El gobierno de Biden pidió el viernes a un juez federal que reanude la liberación acelerada de inmigrantes ilegales en una presentación judicial.
En un fallo en el caso Florida contra Estados Unidos (Número de caso: 23-cv-9962), el juez estadounidense T. Kent Wetherell II, designado por el expresidente Donald Trump, emitió el jueves por la noche una orden de restricción temporal contra la nueva política de libertad condicional de la Administración Biden que habría sustituido al Título 42, la medida que permitía la expulsión inmediata de los ilegales que cruzaban la frontera hacia México durante la pandemia del COVID-19.
La política titulada «Política sobre libertad condicional con condiciones en circunstancias limitadas antes de la emisión de un documento de acusación» pondría en libertad a los inmigrantes ilegales sin cita judicial.
En su lugar, los inmigrantes ilegales concertarían una cita para comparecer en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por Internet en un plazo de 60 días o recibirían un aviso de comparecencia (NTA) por correo tras ser puestos en libertad.
Wetherell también bloqueó otra libertad condicional de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) conocida como «Libertad condicional + Alternativas a la detención (ATD)» en un caso distinto, Florida contra Estados Unidos (Caso número: 21-cv-01066) a principios de marzo.
La política de «libertad condicional + ATD» permite a la CBP liberar a inmigrantes ilegales en comunidades tras una evaluación de la seguridad nacional y la seguridad pública.
Los inmigrantes ilegales que se inscriben en el programa ATD están sujetos a supervisión, dice el memorando de política de la CBP.
En la presentación ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Norte de Florida, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió al juez que suspendiera ambas órdenes y dijo que apelará dos fallos del tribunal antes del 15 de mayo ante el Tribunal del 11º Circuito de EE.UU.
«El procurador general ha autorizado la apelación de ambas órdenes y el gobierno ha presentado una notificación de apelación en 21-cv-01066 y presentará una notificación de apelación en 23-cv-9962, y tiene la intención de solicitar la consolidación de las dos apelaciones», dijo el DOJ. «Los demandados informan al Tribunal que tienen la intención de solicitar una medida de emergencia del Undécimo Circuito antes del lunes 15 de mayo de 2023, a las 2:00 pm, con respecto a sus solicitudes de suspender ambas órdenes si este Tribunal no concede las suspensiones solicitadas».
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, se opuso a la moción, diciendo que la Administración Biden está tratando de continuar la «política ilegal».
«Seamos claros sobre lo que aparentemente ha sucedido desde entonces. El gobierno federal sabía desde hace tiempo que pretendía poner fin al Título 42 e inducir un aumento masivo de la afluencia de migrantes ilegales en la frontera, exacerbando así una crisis fronteriza que sus propias políticas crearon. Parte de su plan maestro para hacer frente a la última escalada de su propia crisis fronteriza era, al parecer, volver a imponer la misma política ilegal que este Tribunal había declarado ilegal anteriormente, todo ello sin solicitar la suspensión de la política, contando al parecer con el hecho de que nadie se enteraría de lo que estaba tramando», respondió Moody en una presentación judicial.
Un vistazo a la crisis de la frontera sur
La presentación del DOJ vino acompañada de una declaración de Matthew J. Hudak, subjefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., que ofrece una visión de la crisis de la frontera sur.
El 9 de mayo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) tenía bajo custodia a más de 27,000 extranjeros.
Hasta la fecha, se ha encontrado con aproximadamente 1.33 millones de no ciudadanos durante el año fiscal 2023.
Días antes de la expiración del Título 42, la USBP detuvo a más de 23,000 inmigrantes ilegales por día en promedio entre el 8 y el 10 de mayo.
«Durante la última semana, el promedio de encuentros de diez días es de 9087, con mayo 8, 9, 10 y todos superando las 10,000 aprehensiones con un promedio diario en custodia de 23,646», declaró Hudak.
Se espera que el número de encuentros por día aumente a 12,000-14,000 después de la terminación del Título 42, dijo.
El gobierno de Biden está enviando 1500 soldados a la frontera sur para hacer frente al previsible aumento de inmigrantes ilegales.
El secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, confirmó a principios de mayo que el Pentágono enviaría 1500 militares estadounidenses «para complementar» los recursos de la Patrulla Fronteriza durante 90 días.
Ryder sugirió que esta medida podría ampliarse en función de las necesidades.
Estos 1500 efectivos «cubrirán lagunas críticas de capacidad, como la detección y monitorización desde tierra, la entrada de datos y el apoyo de almacén hasta que la CBP pueda abordar estas necesidades mediante apoyo contratado».
«El personal militar no participará directamente en actividades de aplicación de la ley», añadió Ryder.
Aunque la primera oleada de soldados procederá del personal en servicio activo, Ryder dijo que el Pentágono estaba estudiando otras opciones, incluida la posibilidad de recurrir a las reservas.
Con información de Joseph Lord y Caden Pearson.
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