Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron a última hora del miércoles a la Corte Suprema que escuche su causa relacionada con el programa «Permanecer en México».
El programa se inició durante el gobierno de Donald Trump y obliga a muchos solicitantes de asilo a esperar en México mientras se atienden sus solicitudes.
El gobierno de Biden lo terminó, pero durante el verano un juez ordenó relanzarlo. El juez dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no consideró adecuadamente los beneficios del programa, que incluía disuadir a algunos posibles inmigrantes ilegales de entrar a Estados Unidos.
Mayorkas presentó un nuevo memorando en octubre en el que intentó poner fin al programa de nuevo, pero una corte de apelación confirmó el fallo del juez, afirmando que el memorando no afecta a la causa en curso porque «simplemente reafirma la decisión de darle término, algo que los estados habían estado impugnando todo el tiempo».
Los abogados del gobierno de Biden, en la presentación del miércoles, dijeron a la Corte Suprema que esa decisión se tomó por error. El gobierno quiere que el máximo tribunal del país escuche los argumentos de ambas partes y se pronuncie sobre el asunto.
«La decisión de la corte de apelaciones tiene enormes consecuencias legales y prácticas y hay razones de peso para que el tribunal las revise rápidamente», escribieron los abogados en un escrito de certiorari de 45 páginas.
Uno de los argumentos esgrimidos es que los tribunales inferiores «dictaron indebidamente el ejercicio de la discreción estatutaria del ejecutivo».
«Al exigir al ejecutivo que participe en negociaciones continuas con un soberano extranjero sobre los contornos de un programa de inmigración en toda la frontera, los tribunales inferiores efectuaron una importante e ‘injustificada interferencia judicial en la conducción de la política exterior’ y la prerrogativa del ejecutivo», dijo la administración Biden.
«Permanecer en México» depende de que el gobierno mexicano permita que Estados Unidos traslade a los solicitantes de asilo a México.
Tras meses de negociaciones, los dos países llegaron a un compromiso el 2 de diciembre para reiniciar el programa.
Si la Corte Suprema no interviene, la política seguirá en vigor a menos que las autoridades mexicanas dejen de cooperar o que el Congreso apruebe la financiación para detener a todos los inmigrantes ilegales que entren en Estados Unidos, dijeron los abogados de la administración Biden.
El juez de distrito, Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, determinó en agosto que la ley federal obliga a los funcionarios de inmigración a detener a todos los extranjeros ilegales a menos que no haya duda de que tienen derecho a ser admitidos en el país.
Sin «Permanecer en México», el gobierno se ve «obligado a liberar y poner en libertad condicional a los extranjeros en Estados Unidos porque los acusados simplemente no tienen los recursos para detener a los extranjeros como lo ordena el estatuto», dijo el juez.
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