El gobierno de Biden solicitó el viernes a la Corte Suprema de EE.UU. que escuche la apelación de una sentencia de un tribunal inferior que paralizó la prohibición federal de los «aceleradores de disparos», y el Departamento de Justicia pidió al alto tribunal que reimponga la prohibición de estos dispositivos hasta que escuche el caso.
Los aceleradores de disparos, que son accesorios que permiten a las armas de fuego semiautomáticas aumentar la velocidad de disparo, fueron prohibidos en 2019 cuando el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) modificó las regulaciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), clasificando los modificadores como equivalentes a ametralladoras y haciéndolos ilegales.
La prohibición dio lugar a una demanda de Michael Cargill, propietario de Central Texas Gun Works en Austin, que obtuvo una victoria cuando el Quinto Circuito dictaminó recientemente invalidar la prohibición de la ATF sobre los aceleradores de disparos.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó el viernes a la Corte Suprema de EE. UU. que escuche su apelación de la decisión del Quinto Circuito que revocó la prohibición.
«Su apelación —lo que ellos llaman un escrito de certiorari a la Corte Suprema, pidiendo a la Corte Suprema que conozca de este caso, también pide que el tribunal inferior de Austin haga una suspensión, lo que significa que mantenga los aceleradores de disparos prohibidos hasta que este caso se vea ante la Corte Suprema de EE. UU.», dijo Cargill en una declaración publicada en las redes sociales en respuesta a la última acción del DOJ.
La procuradora General Elizabeth Prelogar, en nombre del Departamento de Justicia, presentó ante la Corte Suprema la petición de certiorari, una solicitud formal dirigida a un tribunal superior para que revise y anule una decisión de un tribunal inferior.
«El gobierno sostiene únicamente que los aceleradores de disparos son ametralladoras según la mejor interpretación de la ley», dice la petición (pdf). «El Quinto Circuito se equivocó al sostener lo contrario, y esta corte debería conceder la revisión y revocar» la decisión del tribunal inferior.
Esa decisión «amenaza con un daño significativo a la seguridad pública», dijo el DOJ en la apelación. «Los aceleradores de disparos permiten a un tirador disparar cientos de balas por minuto con sólo apretar el gatillo. Al igual que otras ametralladoras, los rifles modificados con aceleradores de disparos son extremadamente peligrosos».
Antes de que el Quinto Circuito fallara a favor de Cargill, otros tres tribunales federales confirmaron la prohibición de los aceleradores de disparos. La Corte Suprema de EE. UU. se negó a revisar esos casos.
Más detalles
En 2018, el DOJ clasificó los aceleradores de disparos como ametralladoras en virtud de la Ley Nacional de Armas de Fuego, revirtiendo una determinación tomada en 2010 que consideraba que los dispositivos eran simplemente accesorios de armas de fuego y, por lo tanto, no estaban sujetos a regulaciones como arma de fuego.
La decisión del DOJ, que entró en vigor en 2019, se produjo después de que un hombre utilizara armas equipadas con aceleradores de disparos en un tiroteo en Las Vegas en 2017, matando a 58 personas e hiriendo a cientos.
El cambio de norma modificó el texto reglamentario añadiendo el siguiente texto: «El término ‘ametralladora’ incluye dispositivos de aceleración de disparos, es decir, dispositivos que permiten que un arma de fuego semiautomática dispare más de un tiro con un solo tirón del gatillo aprovechando la energía de retroceso del arma de fuego semiautomática a la que está fijada para que el gatillo se restablezca y continúe disparando sin manipulación física adicional del gatillo por parte del tirador».
La norma final también definía «automáticamente» y «función única del gatillo», ya que esos términos se utilizan en la definición legal de ametralladora.
Dado que la norma final clasificaba los dispositivos de aceleración de disparos como ametralladoras, quedaban bajo el ámbito de la Ley Nacional de Armas de Fuego y pasaban a estar restringidos, y se exigía a los propietarios que destruyeran los dispositivos o los entregaran a la ATF.
Cargill, que se vio obligado a entregar sus dos aceleradores de disparos tras el cambio de normativa, interpuso una demanda. Alegó que la ATF y el Departamento de Justicia violaron la Constitución de Estados Unidos al usurpar el papel del Congreso al ampliar la definición de ametralladora para incluir los aceleradores de disparos.
En enero de 2023, el Quinto Circuito falló 13-3 a favor de Cargill.
«Cargill tiene razón. Una lectura simple del lenguaje legal, junto con un examen detallado de la mecánica de un arma de fuego semiautomática, revela que un acelerador de armas está excluido de la definición técnica de ‘ametralladora’ establecida en la Ley de Control de Armas y la Ley Nacional de Armas de Fuego», dijo el Quinto Circuito en su sentencia.
La sentencia del Quinto Circuito afirma que las armas semiautomáticas equipadas con aceleradores de disparos no entran en la definición de ametralladora porque una pulsación del gatillo corresponde al disparo de una sola bala.
«Sin un acelerador de disparos o el uso de una técnica de percusión alternativa, el usuario debe proporcionar una alimentación manual apretando el gatillo con los músculos de su dedo índice. Con un acelerador de tiros, el tirador no necesita apretar y soltar el dedo del gatillo. Pero el tirador debe seguir ejerciendo presión hacia delante sobre la parte delantera del arma para mantener el mecanismo de disparo», escribió en su dictamen la jueza de circuito Jennifer Eldrod. «De nuevo, la alimentación manual permanece, aunque su forma cambie».
Los jueces disidentes argumentaron que el lenguaje estatutario es lo suficientemente ambiguo como para apoyar la clasificación de los aceleradores de disparos como ametralladoras y que el tribunal utilizó «la lenidad para legalizar un instrumento de asesinato en masa».
La lenidad es un principio del derecho que exige que cualquier ambigüedad en un estatuto penal se interprete a favor del acusado, dando lugar a una interpretación más restrictiva de la ley.
Con información de Zachary Stieber.
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