La administración del presidente Joe Biden tiene previsto prorrogar la declaración de emergencia por el COVID-19 antes de que expire, según indicó una funcionaria el 16 de junio.
Dawn O’Connell, subsecretaria de preparación y respuesta de la administración, dijo en el Capitolio durante una audiencia en el Senado que la administración está cumpliendo su promesa de avisar a los estados con suficiente antelación antes de poner fin a la declaración de emergencia de salud pública.
«Avisaremos con 60 días de antelación antes de que se retire», dijo O’Connell al senador Richard Burr (R-N.C.), el principal republicano de la Comisión de Salud del Senado.
La emergencia fue declarada por el entonces secretario de Salud, Alex Azar, el 31 de enero de 2020. Azar, nombrado por Trump, prorrogó la declaración en varias ocasiones.
El secretario de Salud Xavier Becerra, nombrado por Biden, ha continuado la tendencia.
La última vez que Becerra prorrogó la emergencia fue el 12 de abril, por 90 días. Eso significa que expiraría a mediados de julio, a menos que se prorrogue de nuevo.
«Expira el 15 de julio. ¿Tiene intención de prorrogarla?», preguntó Burr a Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
Walensky dijo que «ya no hay una razón de salud pública para prohibir la entrada de personas en este país», defendiendo su decisión de anular el Título 42, que permite la expulsión rápida de los inmigrantes ilegales con el argumento de que pueden tener el COVID-19.
Un juez ha impedido que la Administración Biden siga adelante con la retirada del Título 42.
Walensky también dijo que «se equivocó» al decir que «ya no hay una emergencia de salud pública» mientras hablaba con otro senador, que la interrumpió. Entonces se remitió a O’Connell, que trabaja bajo las órdenes de Becerra en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
«El secretario lo declaró en enero de 2020, el anterior secretario. Se ha ampliado varias veces. Uno de los compromisos que hemos asumido en esta administración es que vamos a avisar a los estados y gobiernos locales con 60 días de antelación antes de retirarlo. Y para decidir si lo retiramos, nos comunicamos a diario con nuestros médicos, nuestros científicos y la gente sobre el terreno», dijo O’Connell.
La emergencia desbloqueó varias flexibilidades del sistema sanitario, en las que confían los organismos federales, añadió. Esto incluye la cobertura de las visitas de telesalud para los beneficiarios de Medicare y la ampliación de la cobertura de Medicaid.
«Seguimos en contacto para saber si siguen siendo necesarias. Como dijo la Dra. Walensky, el departamento se reunirá y tomará esa decisión o recomendación al secretario para que él decida», dijo O’Connell.
«Ha respondido a la pregunta que le hice, es decir, ¿se prorrogará? Sí, se prorrogará porque 60 días a partir de ahora es más allá del 15 de julio, ¿verdad?», respondió Burr.
«No se ha notificado a los estados, por lo que se ampliará más allá», añadió.
O’Connell asintió.
El número de casos diarios de COVID-19, de ingresos hospitalarios y de muertes se redujo drásticamente tras los nuevos máximos alcanzados en enero, después de que la variante ómicron del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), causante del COVID-19, se volviera la variante dominante en Estados Unidos. El número de personas vacunadas, mientras tanto, ha seguido aumentando. En conjunto, algunos expertos afirman que ya no existe una emergencia, aunque no todos están de acuerdo.
Burr dijo que planeaba escribir una carta a Becerra para preguntar cuál es el criterio para poner fin a la declaración de emergencia.
«Solo señalaría que la orientación que tenemos actualmente no sugiere que haya una emergencia de salud pública», dijo Burr.
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