El gabinete de ministros de Perú, que preside Aníbal Torres, recibió este miércoles el voto de confianza del Congreso, horas después de que la oposición parlamentaria presentara una moción para destituir al mandatario Pedro Castillo, por segunda vez desde que asumió el poder en julio de 2021.
Tras una sesión plenaria que se extendió más de nueve horas, el gabinete de Torres obtuvo por un estrecho margen la aprobación del hemiciclo peruano con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones.
Los votos contrarios a la confianza del gabinete vinieron principalmente de los grupos más conservadores de la Cámara, dominada por la oposición.
Fuerza Popular (fujimorismo), Avanza País (liberal) y Renovación Popular (derecha) se opusieron en bloque a la investidura, una posición que compartieron con nueve congresistas de Alianza para el Progreso, tres no agrupados, dos de Acción Popular, dos de Somos Perú y uno de Podemos.
Las únicas dos abstenciones fueron de Alianza para el Progreso, mientras que el resto de parlamentarios apoyaron el plan de gobierno, a pesar de los serios cuestionamientos a ciertos integrantes del gabinete de Torres, en especial del ministro de Salud, Hernán Condori, cuya censura se debatirá el jueves en el Congreso.
Durante el debate parlamentario, las críticas más severas de la oposición respondieron a la supuesta falta de capacidad de Castillo en la designación de sus ministros y los presuntos vínculos del mandatario y otros altos funcionarios con actos de corrupción.
En el turno de réplica, Torres reconoció que el Gobierno de Castillo puede haber cometido errores y aseguró que hay que reconocerlos y corregirlos, pero lamentó que durante el pleno hayan calificado a su gabinete de “mediocre, inútil, incapaz, improvisado y corrupto”.
Previamente, en la presentación de la política de su gestión, el primer ministro pidió hacer de la concertación una herramienta que permita sostener la gobernabilidad y garantizar la estabilidad política para el desarrollo del país y la justicia social.
Remarcó la necesidad de «consensuar para superar» todos males que azotan al Perú, en el marco de la economía social de mercado, que respeta la libertad individual y la iniciativa privada «pero con participación activa del Estado para acabar con los monopolios y oligopolios que tanto daño hacen al país».
En ese sentido, aseguró que “las necesidades de la gente y los derechos fundamentales deben ser siempre una prioridad” y destacó el compromiso de su gestión de continuar con la lucha contra la covid-19 y la reactivación económica, orientada a atender a los sectores más vulnerables.
Anunció, también, programas destinados a la generación de empleos temporales, el desarrollo de emprendimientos rurales o actividades agropecuarias, y subrayó su compromiso con la segunda reforma agraria y la masificación del gas.
Insistió, sin embargo, en que uno de los peores problemas del país es la inseguridad ciudadana, por lo que anunció la presentación de un proyecto de ley para dotar de armas no letales a los miembros del serenazgo y defendió la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra este flagelo.
Además, aseguró que su administración redoblará esfuerzos en el combate contra la corrupción, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Con el voto de investidura, el Parlamento dio luz verde a la continuidad del nuevo gabinete designado por Castillo, el quinto presidente de Perú desde 2018, cuya gestión ha sido turbulenta desde su inicio.
En un lapso de poco más de siete meses, el líder izquierdista ya acumula cuatro gabinetes, aunque el tercero no llegó a pedir la confianza al Congreso porque quien lo encabezaba, el congresista Héctor Valer, renunció a los pocos días de asumir el cargo por las denuncias en su contra de presunta violencia familiar.
La tensión política se recrudeció la semana pasada con la renuncia de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, mientras el Parlamento debatía un pedido para su destitución.
Silva había sido implicado junto con Castillo y otros funcionarios en un presunto caso de corrupción tras hacerse públicas unas declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía.
López, quien ha pedido acogerse al beneficio de la declaración premiada, denunció una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo, algo que Castillo rechazó “tajantemente” y acusó ser parte de un plan de un sector de la oposición para sacarlo del poder.
Las denuncias de López figuran entre las 20 razones que incluye la moción de destitución presidencial por “incapacidad moral permanente” que ha presentado este mismo martes la oposición parlamentaria.
En esta iniciativa legislativa, que por ahora cuenta con 50 firmas y está pendiente de ser o no admitida a trámite, también menciona la designación de ministros cuestionados, la existencia de un gabinete en la sombra y el supuesto tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares, entre otros.
De aprobarse esta solicitud, Castillo o su abogado defensor deberán presentarse en los próximos días ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra.
La oposición ya intentó impulsar a fines del año pasado una moción de vacancia contra el presidente, pero no prosperó por no conseguir los 52 votos para ser admitida a trámite en el pleno de la Cámara.
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