El ministro del Interior de Chile, Gustavo Blumel informó esta semana que entregó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, información que analiza la influencia de las redes sociales en las protestas de carácter violento tras la crisis iniciada en el país el 18 de octubre.
En esa fecha ataques presuntamente coordinados dejaron en 48 horas 78 estaciones de metro destruidas o dañadas en Santiago, al mismo tiempo que se iniciaban incendios y saqueos en supermercados de diferentes ciudades del país.
Es “una serie de antecedentes, obtenidos de fuentes abiertas, que darían cuenta de que tras los atentados e incendios al Metro existe organización”, señaló Blumel, según el Ministerio del Interior, sin dar más detalles de las organizaciones.
“Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal”, destacó el Ministro.
El documento, de acuerdo a lo obtenido por el medio chileno La Tercera, evaluó el comportamiento de casi cinco millones de autores únicos que generaron 60 millones de comentarios entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre. El 19,3% de estos comentarios indagados están localizado fuera de Chile.
Se identificaron cinco grupos de opinión e influencia, dos de ellos formados por autores internacionales, entre los que se distinguen quienes fomentan las movilizaciones y critican al gobierno: el canal de televisión ruso “Actualidad RT” y el venezolano «TeleSur» (en línea con el discurso de Nicolás Maduro). Estos medios comienzan a influir en las redes sociales desde el 19 de octubre en adelante, según La Tercera.
A ellos se unen figuras del kirchnerismo y peronismo argentino. El documento nombra al cantante español Ismael Serrano y el actor argentino-español Juan Diego Botto.
El grupo afirma que el modelo económico chileno genera desigualdad. Además comparte vídeos sobre la violencia de Carabineros y el Ejército acompañados de datos de heridos y muertos.
En un segundo grupo estarían mencionadas las cuentas internacionales que no apoyan las movilizaciones en Chile. Provienen de Venezuela, Argentina, México y España. Son quienes cuestionan a los partidos de la izquierda chilena por no condenar la violencia y apoyan las medidas impulsadas por gobierno y el Presidente Piñera. Informan datos que demuestran que la desigualdad en Chile ha disminuido en los últimos 20 años.
Además aluden a la supuesta “injerencia en disturbios” de integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Entre los autores de este grupo, el documento citado por La Tercera menciona a periodistas de Argentina y Venezuela, como Jorge Lanata y Madelyn Palmar, así como la exdiputada venezolana María Corina Machado y la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.
Un tercer grupo incluye a los jóvenes. Son jóvenes que animan la movilización y provocan más de cuatro millones de retuits entre el 18 y el 25 de octubre. Enfocan sus movilizaciones con un carácter histórico y con cuestionamientos al gobierno en la cifra de muertos, violaciones a los derechos humanos, el “silencio” de algunos medios y por el bloqueo de sus cuentas. Los jóvenes serían definidos como “aficionados al K-Pop”, con menos de cinco mil seguidores, quienes estarían “altamente influenciados” por medios digitales y webside como “Piensa Prensa” y ChileOkulto” . Estos “ridiculizan” que detrás de este estallido social esté Nicolás Maduro. En este grupo se nombran a la cantante chilena Mon Laferte y a la joven comediante Paola Molina.
También se describe un cuarto grupo, con seis millones de comentarios y 83,2% de retuits, que menciona las desigualdades como el motor de las movilizaciones y discursos contra Piñera. Dentro las personalidades del grupo, comenta La Tercera, estarían algunos seleccionados nacionales y políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio, entre ellos Pamela Jiles, Camila Vallejo, Karol Cariola y Beatriz Sánchez, e incluye cuentas de tuiter de periodistas de radio y televisión con alta influencia. También destaca la presencia de un “activista” de la cuenta denominado “Vagabundo Ilustrado”.
En el quinto grupo están quienes acusan activamente a políticos de izquierda por no condenar la violencia, cuestionan quienes son los responsables de los actos violentos y critican a los “populismos socialistas” que estarían desestabilizando Latinoamérica. Cuentan con unos dos millones de comentarios. Apoyan al modelo chileno y las medidas de parte del gobierno. Comparan la gestión económica actual con el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Dentro de los más influyentes figura la activista “Marcela Republicana”, el Ejército de Chile, la cuenta de Carabineros y la de Teresa Marinovic. Entre los políticos están José Antonio Kast y Karla Rubilar.
El análisis destacó también la actividad de “bots o usuarios con actividad anómala”, con más de 11 mil de estos usuarios, donde 241 de ellos generan 194 comentarios al día. La mayoría son cuentas creadas después del 18 de octubre y el 52% proviene de la comunidad joven.
Además nombró varios grupos en Facebook creados desde el extranjero, como “Protesta por Chile en Londres” y “Support Chile from Glasgow”. También nombra que después del 18 de octubre se crearon 86 grupos nuevos de difusión en telegram, 169 nuevos grupos en WhatsApp y 338 eventos nuevos en Facebook donde en algunas de las conversaciones se insta a protestas.
La ministra secretaria del gobierno, Karla Rubilar, aclaró a CNN/CHV la importancia del documento ya que “el informe que tiene el ministro Blumel sí tiene información clara de organizaciones fuera de Chile para incentivar la protesta violenta”.
Al explicar cuanto afecta esta influencia extranjera dijo que un análisis inicial demostró un 31% pero “tenemos otros análisis de que llegan a ser 70%”.
“Mucho del incentivo de la protesta social violenta ha venido de fuera de Chile. Hay mucha influencia extranjera que incentiva la violencia”, concluyó la vocera.
La Tercera a su vez informa que cuando el fiscal nacional fue interrogado luego de recibir el documento, detalló que había recibido de manos del Blumel “información de fuentes abiertas” sobre las organizaciones involucradas, y aclaró que no se trataba oficialmente una información de inteligencia. Para que el Ministerio Público pueda ocupar en sus causas penales esos antecedentes, estos deben ser liberados bajo los mecanismos de la ley de inteligencia.
Un día después de la reunión en La Moneda, el nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, acudió hasta el despacho de Abbott y le dejó un informe, pero sin realizar el acto de liberación que exige la ley para que esos datos puedan ser incorporados a las causas penales en tramitación. Según La Tercera, Abbott podía leerla, pero tiene prohibido siquiera referirse a esa información.
El ministro Blumel por su parte dijo que planea seguir entregando antecedentes ya sea “amparados o a través de los procedimientos que establecen las leyes vigentes en materia de flujos de información entre las instituciones que están a cargo de la seguridad pública”, informó el Ministerio del Interior.
En ese sentido, agregó que “cada institución tiene facultades para realizar sus investigaciones y nosotros vamos a ir entregando los antecedentes que corresponden. Las investigaciones y la información, en particular de inteligencia, es información delicada que se tiene que ir consolidando y transfiriendo a las instituciones de acuerdo a los procedimientos que establece la ley”.
El secretario de Estado pidió articular de mejor forma el trabajo de las policías, el Ministerio Público, la Defensoría, el Poder Judicial y los alcaldes y recordó que en estos 61 días de crisis social hay más de 30 mil personas que han pasado por control de detención.
“Se trata de solicitar la máxima colaboración, porque para eso están las instituciones. Nuestro objetivo fundamental, que es recuperar y fortalecer el orden público en los espacios que son de todos, nos obliga a mejorar las coordinaciones, no solo esperar que el Estado de Derecho funcione, sino que mejorar las coordinaciones para que éste opere con la mayor eficacia (…). Nosotros hemos trabajado con toda la fuerza y todas las instituciones para proteger la democracia y garantizar la paz social”, concluyó.
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