El gobierno de Donald Trump está tratando de bloquear a los inmigrantes condenados por conducir en estado de ebriedad, violencia doméstica o un crimen relacionado con pandillas para que no califiquen para la protección de asilo bajo una nueva regla propuesta.
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron el 18 de diciembre un aviso de la propuesta de reglamentación anunciando su plan para ampliar el número de delitos que descalificarían a un inmigrante para solicitar asilo. Los departamentos dijeron en un comunicado que la norma propuesta tiene como objetivo ayudarles a «dedicar más recursos a la adjudicación de casos de asilo presentados por extranjeros no criminales».
La Ley de Inmigración y Nacionalidad ya prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes reciban asilo, como los que participan en la persecución de otros, los condenados por delitos particularmente graves o los que participan en actividades terroristas.
La medida propuesta añade siete categorías adicionales de delitos que harían a los inmigrantes inelegibles para recibir protección en Estados Unidos. Algunos de los crímenes incluyen una fechoría bajo la ley federal o estatal, contrabando de extranjeros, reingreso ilegal, y otros delitos menores. La propuesta todavía tendrá que pasar por un período de comentarios públicos-que terminará el 21 de enero del próximo año-antes de que pueda ser implementada.
La regla es ampliamente vista como otro movimiento de la administración Trump para controlar el número de solicitudes de asilo en la frontera sur. Estados Unidos registró un número sin precedentes de inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera hacia el país en la frontera sur a principios de año, lo que atrajo una atención significativa. La afluencia de inmigrantes ilegales que viajaban a través de México desde América Central había desbordado las instalaciones fronterizas, los recursos y el sistema de inmigración.
Hubo 977,509 detenciones o personas consideradas inadmisibles a lo largo de la frontera suroeste en el año fiscal 2019, según datos de la oficina de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos.
Aunque el número de inmigrantes ilegales aprehendidos en la frontera ha disminuido en los últimos meses debido a una serie de políticas de la administración Trump, como los Protocolos de Protección al Migrante, la norma propuesta por el departamento parece abordar el atraso de los casos activos que se están procesando actualmente en el sistema.
El número de casos activos pendientes en las cortes de inmigración de Estados Unidos hasta agosto de 2019 ha excedido el millón, de acuerdo con los últimos datos del centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse. El atraso de los casos judiciales pendientes ha aumentado este año en comparación con los años anteriores. El año pasado, hubo 768,257 casos en total; en el 2017, fueron 629,051.
La norma propuesta también eliminaría el requisito de reconsiderar una denegación discrecional de asilo. Los departamentos dicen que esto haría más eficientes a los tribunales de inmigración y reduciría cualquier costo relacionado con el aumento del tiempo de adjudicación, ya que ya no se requerirá una segunda revisión de la misma solicitud por el mismo juez.
Esto sucede después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva guía de política que implementaría dos decisiones emitidas por el Procurador General William Barr en octubre, que podrían impactar las resoluciones de inmigración.
Las decisiones se relacionaron con la forma en que los cambios post-sentencia a las sentencias penales impactan las condenas para propósitos de inmigración y cómo dos o más condenas por conducir bajo la influencia afectan las determinaciones de buen carácter moral, de acuerdo con una alerta de política del USCIS (pdf).
El viernes pasado el DOJ anunció que habían jurado 28 nuevos jueces de inmigración, con lo que el número de jueces de inmigración en el banco es de más de 465.
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