El Gobierno de Ecuador anunció este lunes un nuevo decreto ejecutivo que extiende a seis las provincias sometidas a un estado de excepción, que busca frenar las protestas indígenas contra la gestión económica del presidente Guillermo Lasso.
El anuncio sobre el nuevo estado de excepción, que inicialmente estaba concentrada en 3 provincias, se dio en un momento en que la Asamblea Nacional (Parlamento) debate sobre la derogación del primer decreto que afectaba a las andinas de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha (cuya capital es Quito).
Se prevé que el Legislativo este mismo lunes resuelva el pedido sobre la derogación del decreto de estado de excepción en una sesión del pleno que ha empezado con cortas intervenciones de varios grupos sociales y de empresarios, que han defendido y criticado la aplicación del Estado de excepción.
El nuevo decreto extiende la media excepcional a las provincias andinas de Chimborazo y Tungurahua, así como a la amazónica de Pastaza, donde se han concentrado las manifestaciones sociales, confirmó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
El decreto 459, que sustituye al 455 aplicado desde la medianoche del pasado viernes, busca proteger «el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia» y también tutelar «los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente», agregó la fuente.
El anuncio del Ejecutivo se dio también en un momento en que miles de campesinos han logrado burlar el estado de excepción y el fuerte despliegue de militares y policías para llegar a Quito, donde se ha concentrado el «paro social».
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que convocó a la movilización social indefinida, ha planteado un pliego de peticiones con diez demandas que incluyen la congelación y reducción de los precios de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros.
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