El gobierno de Ecuador solicitó este domingo a la Embajada de México que invite a Jorge Glas, un exvicepresidente en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), a que abandone esa legación diplomática para que pueda ser detenido por la Policía, en cumplimiento de una investigación fiscal.
La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado publicó el contenido de una nota enviada a la Embajada de México, donde Glas había acudido en medio de la orden de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que la Policía lo ubique, localice, inmovilice y traslade hasta la sede del Ministerio Público en Quito.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, «ante el requerimiento formulado por la Fiscalía General del Estado, se permite solicitar la urgente colaboración de las autoridades mexicanas a fin de que se invite al citado ciudadano a abandonar dicha representación diplomática, inmediatamente».
El objetivo es que Glas «cumpla con su obligación de presentarse ante el fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional» y se someta a «varias diligencias investigativas dentro de los procesos judiciales en curso» y en los que «se encuentra inculpado y procesado», agregó en el escrito.
La Cancillería ecuatoriana, además, aseguró que «apreciará que la Honorable Embajada de los Estados Unidos Mexicanos le haga llegar de inmediato la información relativa a la razón de la presencia del señor Jorge Glas en la sede de esa representación diplomática».
Asimismo, el gobierno ecuatoriano consideró «que no sería lícita» una eventual concesión de asilo diplomático a Glas, en virtud del Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que descarta ese derecho a personas que estuvieren «inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes».
No obstante, ese artículo salva en caso de que «los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político».
Además, la Convención señala que las personas inculpadas en delitos que, «de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega».
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ordenó a la Policía que localice y detenga con fines de investigación a Glas, que ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 por casos de supuesta corrupción, que él niega.
El pasado 29 de noviembre, el juez Luis Rivera dejó en manos de la Asamblea Nacional (Parlamento), por el fuero de corte, la posibilidad de abrir un nuevo juicio contra Glas por un caso de malversación de fondos públicos, decisión que la Fiscalía calificó en su momento de «innecesaria y dilatoria» al no ser ya un funcionario público.
Glas incluso había reivindicado su inocencia en dos casos por presunta asociación ilícita y cohecho, luego de que la Justicia de Brasil anulara pruebas del entramado de corrupción de la constructora Oderbrecht, que también apuntaban al exvicepresidente ecuatoriano.
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