El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitieron una propuesta de reglamentación este miércoles para evitar que ciertas categorías de inmigrantes convictos obtengan asilo en Estados Unidos, según un comunicado de prensa.
De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), el asilo es un beneficio de inmigración discrecional que generalmente pueden solicitar inmigrantes elegibles que están físicamente presentes o que llegan a Estados Unidos independientemente de su estado.
No obstante, en la INA, el Congreso prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con antecedentes criminales obtengan asilo y delega al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional la autoridad de establecer regulaciones adicionales respecto a la elegibilidad para asilo, así como “cualquier otra condición o limitaciones en la consideración de una solicitud de asilo”.
«El reglamento propuesto recientemente propone siete barreras obligatorias adicionales para tener derecho al asilo», señala el comunicado del DOJ. «El reglamento propuesto establecería siete barreras obligatorias adicionales para tener derecho al asilo. La norma propuesta añadiría impedimentos a la elegibilidad de los extranjeros que cometen ciertos delitos en Estados Unidos», añade.
Dentro de los nuevos delitos que descalificarían a un inmigrante para el asilo el DOJ enumera:
- Delito grave bajo la ley federal o estatal;
- Contrabando o encubrimiento de inmigrantes;
- Reingreso ilegal;
- Crimen federal, estatal, tribal o local que involucra actividad criminal de pandillas callejeras;
- Ciertas ofensas federales, estatales, tribales o locales relacionadas con la operación de un vehículo motorizado mientras se está bajo la influencia de un intoxicante;
- Ofensa federal, estatal, tribal o local de violencia doméstica, o que un juez determine que ha participado en actos de agresión o crueldad extrema en un contexto doméstico, aunque no haya habido una condena;
- Ciertos delitos menores bajo la ley federal o estatal por ofensas relacionadas con la identificación falsa; el recibo ilegal de beneficios públicos de una entidad federal, estatal, tribal o local; o la posesión o tráfico de una sustancia controlada o parafernalia de sustancia controlada.
Las reglas propuestas se agregarían a las regulaciones existentes relacionadas a la persecución de otros, condenas por delitos particularmente graves, amenazas de seguridad, actividades terroristas y reasentamiento firme en otro país.
Aunque el reglamento propuesto ampliaría las barreras obligatorias para el asilo, el Departamento de Justicia señala que no habrá un cambio en el alcance del papel de un juez para considerar las solicitudes.Por otro lado, el reglamento propuesto también eliminaría el requisito de reconsideración de una denegación discrecional, reduciendo cualquier costo de tiempo al no permitir una segunda revisión de la solicitud por el mismo juez.
Hasta ahora se desconoce el número de solicitantes de asilo que fueron condenados por crímenes, pero 74,000 de las 143,000 personas arrestadas por agentes de inmigración y aduanas fueron condenadas por conducir bajo los efectos de sustancias toxicas, además de permanencia ilegal, reportó Diario de las Américas.
Se estima que en 2018, 105,000 inmigrantes pidieron asilo sin estar vinculados en procesos de deportación, una reducción del 25% respecto al año previo.
Sin embargo, durante el mismo periodo, el número de solicitudes de asilo por inmigrantes en proceso de deportación llego a la cantidad de 159,473, un 12% más que en 2018.
En total, el número de personas a quienes se los otorgó asilo fue de 38,687 cuyos principales países de origen fueron China, Venezuela y El Salvador.
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