El secuestro médico, es decir, cuando los niños son separados de sus padres por una agencia gubernamental por razones médicas, se ha convertido en un problema en Idaho, según la representante estatal de Idaho Tammy Nichols.
Muchos niños son arrebatados con la participación de la agencia gubernamental Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés), dijo Nichols, una republicana, al programa «Crossroads» de EpochTV, «pero solo unos pocos de ellos terminan siendo realmente casos legítimos».
«Queremos que se proteja a los niños, por supuesto, si hay negligencia o abuso», dijo Nichols.
«Antes, las iglesias, las familias, las comunidades locales, estaban atentas a este tipo de cosas y se interponían y ayudaban en este tipo de situaciones. Ahora todo eso se ha transferido al gobierno. Y el gobierno, en muchos casos, parece extralimitarse».
Los médicos reciben incentivos económicos por cada caso que entregan a los CPS, dijo Nichols.
«El secuestro médico es cuando se separa a un niño de su familia. Y, por lo general, se debe a algún tipo de razón médica que es algo que el niño está experimentando o algo que simplemente se supone que está ocurriendo», explicó el representante.
Nichols citó la historia de un niño en Idaho que fue separado de sus padres basándose en la presunción de que el bebé estaba desnutrido. Pero los padres sostienen que el niño no está desnutrido; solo que el bebé tiene problemas con algunos suplementos, leche y otros alimentos que no pudo digerir correctamente y esos alimentos hicieron que el niño enfermara.
El niño había sido amamantado exclusivamente porque puede procesar la leche materna mucho mejor. Estuvo ingresado en un hospital durante un tiempo y, tras ser dado de alta, tuvo que acudir a un profesional médico para controlar su peso, continuó Nichols.
La familia no acudió a uno de los controles de peso y quiso reprogramarlo. Un médico de la clínica decidió que el Servicio de Protección de Menores tenía que intervenir en el caso porque, en su opinión, el bebé estaba desnutrido, dijo Nichols.
En consecuencia, la policía rodeó a la familia cuando se detuvo en una gasolinera y le dijo a la madre que llevaría al niño a un hospital. Informaron a la madre de que no se le permitiría ir con su bebé y que debía entregarlo. La hermana de la madre que viajaba con la familia fue esposada por la policía durante el incidente.
La historia del niño fue transmitida por Nichols basándose en las grabaciones de vídeo en vivo del incidente publicadas en Facebook por uno de los padres del niño, dijo el representante.
El niño fue alejado de la madre, que fue detenida pero puesta en libertad más tarde. Sin embargo, los padres no fueron informados de dónde se llevaron al niño y se les dijo que esperaran a una audiencia, añadió Nichols.
«Nunca se presentaron cargos contra los padres de que hubiera negligencia o abuso o algo así». La culpa en este caso recae en los padres y tienen que demostrar su inocencia, dijo Nichols.
Esto es contrario a la ley de Estados Unidos, según la cual una persona se supone inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Cómo funcionan los organismos de protección de menores
Cualquiera puede hacer una acusación contra los padres o un cuidador y denunciarlo a los CPS, explicó Nichols. Los CPS entonces visitan a la familia y si determinan que el niño necesita ser retirado la agencia puede seguir adelante y hacerlo, señaló.
Nichols escuchó que para evitar el secuestro médico algunos padres no permiten a los CPS entrar en sus casas. En ese caso, los CPS pueden volver con una orden judicial o algo similar, pero «eso lo convierte en un caso diferente», añadió.
Cuando se retira a un niño del cuidado de los padres, «el aspecto de la patria potestad se quita en ese momento y se entrega a los CPS. Y ahora estás a la discreción de lo que los CPS quieren hacer y lo que te permiten hacer en ese momento», dijo Nichols.
Los padres cuyos hijos son retirados por los CPS tienen que demostrar su inocencia para recuperar al niño, lo que a veces puede resolverse con bastante rapidez, pero en algunos casos puede llevar mucho tiempo, dijo el representante. En un caso, una madre tardó 18 meses en recuperar a su hijo, pero todavía tiene que demostrar su inocencia, añadió Nichols.
Si el padre no ha demostrado su inocencia, los CPS pueden en cualquier momento ir a su casa y asistir a cualquier cita médica de su hijo, dijo Nichols. «Es casi como si estuvieras en libertad condicional y tuvieras que acudir a tu agente de libertad condicional».
Además, las familias trabajadoras a las que los CPS les han quitado a sus hijos se encuentran en gran desventaja, ya que tienen que utilizar sus ahorros para cubrir los gastos legales para recuperar a sus hijos y demonstrar su inocencia, mientras que las agencias gubernamentales parecen tener «un suministro ilimitado de dinero y abogados», dijo Nichols.
Controlar la extralimitación del gobierno
A los padres les preocupa que el funcionamiento de los organismos de protección de la infancia pueda dar lugar a graves extralimitaciones por parte del gobierno. Por ejemplo, a los padres les preocupa que un médico pueda denunciarlos por negligencia o abuso de su hijo si no lo vacunan, dijo Nichols.
Idaho es «un centro de tráfico sexual» debido a su ubicación geográfica, dijo Nichols. Está rodeado por seis estados y comparte una pequeña parte de su frontera con Canadá. «Es muy fácil que alguien utilice nuestro estado para traficar con niños», añadió Nichols.
«Tenemos que establecer esos límites y asegurarnos de que esas agencias como los CPS están operando dentro de sus límites», dijo Nichols.
La representante señaló que los niños deben ser protegidos contra la negligencia y el abuso y que ya existen leyes que permiten a las agencias intervenir en estos casos y acusar al abusador. Sin embargo, es erróneo que los padres tengan que demostrar su inocencia, incluso si no se presentan cargos, dijo Nichols, ya que los padres deben tener derecho al debido proceso.
La Cámara de Representantes de Idaho presentó un proyecto de ley para evitar los secuestros por motivos médicos y para frenar el control y la autoridad del gobierno cuando se trata de la protección de los niños.
«Nuestro objetivo ahora mismo es empezar a frenar a los CPS y su capacidad para perseguir a los padres», dijo Nichols.
Un par de abogados que trabajan en casos de los CPS ayudando a las familias a recuperar a sus hijos ayudaron a redactar este proyecto de ley y los legisladores de Idaho tomaron las aportaciones de las familias que fueron objeto de secuestro médico, añadió.
Agencias como los CPS deben ser controladas por la legislatura, señaló Nichols. Debería haber buenos límites, buenos parámetros y buenas leyes que dicten cómo funcionan los CPS, añadió.
Es difícil evaluar cuántos casos de secuestro médico ocurren en otros estados debido a las órdenes de mordaza impuestas a las familias víctimas para que no puedan hablar de ello, dijo Nichols. Algunas de ellas no hablan porque les preocupan las represalias, pero otras hablan a pesar de la prohibición, añadió.
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