El Gobierno español y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) acordaron este viernes una rebaja de 20 céntimos de euro (0.22 dólares) por litro de combustible, entre otras medidas de ayuda al sector, pero sigue por ahora el paro profesional que inició hace 12 días una asociación de autónomos y pequeñas empresas de camioneros.
El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, ya advirtió el jueves de que su organización no desconvocaría el paro cualquiera que fuera el acuerdo, pues no forma parte de CNTC y reclama negociar directamente con el Gobierno.
Este paro indefinido ha causado ya pérdidas millonarias por problemas de suministro y distribución, especialmente en sectores como el agroalimentario, con problemas de abastecimiento de productos como la leche y derivados de cereales.
El acuerdo tras 12 horas de negociación entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas que forman parte de ese comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1050 millones de euros (unos 1100 millones de dólares).
Según el Ministerio de Transportes, más de 600 millones de euros se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras hasta el 30 de junio.
Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.
El encarecimiento del combustible, especialmente desde que comenzó la guerra de Ucrania, ha disparado los costes de producción, también de sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería, que igualmente se han movilizado para exigir soluciones al Gobierno.
Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400,000 euros como máximo por empresa.
El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos públicos al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros), además de medidas legales para evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.
«El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (…) No es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre. Las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad», argumentó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, después del lograr el acuerdo.
Sin embargo, la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera mantiene el paro y una concentración en Madrid frente al Ministerio de Transporte, y llama «mafia opresora» al CNTC.
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