El gobierno federal presentó el viernes pasado una demanda contra el estado de California por la ley 32 de la Asamblea, señalando que es inconstitucional y obstaculiza las acciones del gobierno para albergar a reclusos federales, informó el medio de San Diego, KUSI News.
La demanda presentada en la corte federal de San Diego pide a un juez que prohíba al estado hacer cumplir la ley 32 y que sea declarada como inválida debido a que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, informó el diario local.
«California, por supuesto, tiene la libertad de decidir que ya no usará centros de detención privados para sus presos y detenidos estatales. Pero no puede dictar esa decisión al gobierno federal, especialmente de una manera que discrimine al gobierno federal y a aquellos con quienes contrata», dice la demanda.
En la demanda se nombra al estado de California, al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Xavier Becerra.
La ley 32 de la Asamblea que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2020, establece que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California no celebrará o renovará un contrato existente «con una instalación carcelaria privada con fines de lucro ubicada dentro o fuera del estado para proporcionar alojamiento a los reclusos de las prisiones estatales».
Adicionalmente «un recluso de una prisión del estado u otra persona bajo la jurisdicción del departamento no será encarcelado en una instalación carcelaria privada con fines de lucro».
Bajo la ley 32 el gobierno deberá trasladar a los reclusos y detenidos fuera del estado, señala la denuncia, lo que “paralizaría” las operaciones del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en California y “socavaría críticamente la misión de ICE de hacer cumplir las leyes de inmigración”, reportó Los Angeles Times.
Alrededor de 3200 reclusos federales en el estado de California se encuentran en centros penitenciarios privados y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. contrató compañías privadas para albergar a cerca de 5000 detenidos, señala la demanda de acuerdo con el mismo medio.
Asimismo, poco antes de la entrada en vigencia de la ley se firmaron contratos entre funcionarios federales y prisiones privadas con un valor aproximado de 6.5 mil millones de dólares, según el diario.
En diciembre, la empresa privada de prisiones GEO, Inc. demandó al estado de California después de haber firmado contratos multimillonarios para dirigir centros federales de detención de inmigrantes, informó Associated Press.
La empresa alegó que la prohibición de las instituciones con fines de lucro era inconstitucional.
«Hay un principio constitucional claro y de larga data de que los estados individuales no pueden regular las acciones y actividades del gobierno federal», dijo la empresa en un comunicado, de acuerdo con el mismo medio.
Por su parte, en un comunicado luego de firmar la ley el 11 de octubre del año pasado, el gobernador Newsom dijo que se comprometió «a poner fin a las prisiones privadas, porque contribuyen al exceso de encarcelamiento, incluyendo las que encarcelan a los reclusos de California y las que detienen a los inmigrantes y solicitantes de asilo». Newsom señaló que las «prisiones con fines de lucro no reflejan nuestros valores».
De acuerdo con la organización sin fines de lucro Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) partidaria de esta ley, «será ilegal operar una prisión privada en el estado de California. Las prisiones privadas en el estado se eliminarían progresivamente para el año 2028 y todas las demás instalaciones privadas —incluida la detención de inmigrantes— no podrían renovar sus contratos y finalmente también se eliminarían progresivamente».
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