El 30 de septiembre, el gobierno de Biden anunció que endurece sus restricciones al asilo en la frontera sur, ya que la inmigración ilegal sigue siendo objeto de escrutinio en la agenda política del presidente.
Según la proclamación del presidente emitida en junio, el gobierno federal podría restringir las solicitudes de asilo después de que más de 2500 inmigrantes ilegales fueran detenidos en la frontera al día de media durante siete días consecutivos. Esa restricción se levantaría cuando la cifra se redujera por debajo de 1500 al día durante una semana.
Las nuevas restricciones impiden que los inmigrantes ilegales soliciten asilo cuando el Secretario de Seguridad Nacional considere que la frontera sur está desbordada. La restricción se levantará cuando el secretario «haya determinado de hecho que ha habido 28 días naturales consecutivos en los que la media de 7 días naturales consecutivos de encuentros ha sido inferior a 1500», señala la nueva orden.
La administración ahora cuenta a todos los niños en esa ecuación, antes de contar únicamente a los niños procedentes de México.
Los cambios entrarán en vigor el 1 de octubre.
Aunque los defensores de la inmigración criticaron la última serie de restricciones al asilo que el presidente Joe Biden anunció en junio, su administración les atribuye el mérito de haber reducido el número de cruces ilegales en la frontera sur.
El expresidente Donald Trump culpa a la estrategia de inmigración de la administración Biden de crear el caos en la frontera sur, sobre todo después de que Biden rescindiera muchas políticas de la era Trump al asumir el cargo en 2021. Trump promete frenar el flujo de inmigración ilegal en su primera semana de mandato si es reelegido, potencialmente a través de una acción ejecutiva.
También promete llevar a cabo una operación de deportación a gran escala para expulsar a los inmigrantes ilegales, así como reanudar la construcción del muro fronterizo.
La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, visitó la frontera sur en Douglas (Arizona) el 27 de septiembre y pidió que se endurecieran las restricciones al asilo.
«Aquellos que crucen nuestras fronteras ilegalmente serán detenidos y expulsados y se les prohibirá volver a entrar durante cinco años. Aplicaremos cargos penales más severos contra los infractores reincidentes, y si alguien no presenta una solicitud de asilo en un punto de entrada legal y en su lugar cruza nuestra frontera ilegalmente, se le prohibirá recibir asilo», dijo Harris durante un acto de campaña presidencial en Douglas.
La vicepresidenta prometió aumentar la financiación y la formación de las fuerzas de seguridad, incluidos 100 nuevos sistemas de inspección para detectar fentanilo oculto en el interior de vehículos, con el fin de limitar su flujo a través de los puertos de entrada. Harris también dijo que duplicaría los recursos del Departamento de Justicia para «extraditar y perseguir a las organizaciones criminales transnacionales y a los cárteles».
Anteriormente había limitado sus debates sobre política de inmigración a criticar a Trump por decir a los republicanos del Senado que votaran en contra del proyecto de ley bipartidista sobre la frontera. Harris promete revivir la legislación fallida en el cargo, pero eso requeriría el apoyo del Partido Republicano.
Desde enero de 2021, el gobierno de Biden ha registrado más de 8 millones de encuentros con inmigrantes ilegales solo a lo largo de la frontera suroeste con México.
The Associated Press contribuyó a este artículo.
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