El Departamento de Educación de EE.UU. dijo el 25 de octubre que un nuevo conjunto de normas, si se finaliza, cancelaría las deudas de préstamos estudiantiles para cerca de 8 millones de prestatarios que enfrentan “dificultades financieras devastadoras”, pese a que una orden judicial bloquea su aplicación.
El Departamento de Educación define las dificultades como un acontecimiento o situación “que pueda afectar a la capacidad del prestatario para reembolsar íntegramente el préstamo o hacer que los costes del cobro continuado del préstamo resulten injustificados”. Ejemplos de dificultades elegibles incluyen facturas médicas inesperadas, altos costes de cuidado de niños, gastos de cuidado de familiares con enfermedades crónicas, o graves pérdidas financieras por el impacto de desastres naturales.
Según la propuesta, los prestatarios con dificultades, que son elegibles, tendrían dos vías para el rescate. En la primera, el Departamento de Educación podría ofrecer una única condonación de la deuda a quienes considere que tienen un 80 por ciento de probabilidades de no pagar sus préstamos en un plazo de dos años. El departamento dijo que utilizará 17 “factores no excluyentes”, como los ingresos del hogar, los activos, los saldos de deuda y los pagos requeridos en relación con los ingresos del hogar, para determinar si alguien califica automáticamente.
La segunda vía requiere que los prestatarios soliciten y demuestren que tienen “circunstancias negativas graves y persistentes”. Si se han agotado todas las demás opciones de reembolso, el Secretario de Educación de EE.UU., Miguel Cardona, podría condonar la deuda.
Ya existen normas que permiten dejar de pagar temporalmente los préstamos estudiantiles en situaciones como el desempleo o la rehabilitación, pero, según el departamento, no ayudan a quienes sufren trastornos financieros “inesperados y a largo plazo”.
“Durante demasiado tiempo, nuestro maltrecho sistema de préstamos estudiantiles ha dificultado el acceso a la ayuda a los prestatarios que atraviesan dificultades desgarradoras y financieramente devastadoras, y eso no está bien”, dijo Cardona.
El Departamento de Educación publicará en breve el proyecto de norma en el Registro Federal para un período de comentarios públicos de 30 días. El gobierno federal espera finalizar la norma en 2025, aunque su futuro podría depender del resultado de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
La norma sobre dificultades financieras forma parte de un esfuerzo normativo más amplio denominado “Plan B”, que adopta un enfoque más específico que el plan derrotado del Gobierno federal de ofrecer una cancelación general de hasta 20,000 dólares a cada prestatario.
Los opositores se han adelantado a impugnar el Plan B, argumentando que refleja (si no supera) la escala y el coste del plan original que la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucional. En septiembre, una coalición de siete estados liderada por republicanos presentó una demanda en Georgia y logró bloquear el Plan B antes de su finalización.
El bloqueo se levantó brevemente el 2 de octubre, cuando el juez de la Corte de Distrito de EE.UU. J. Randal Hall consideró que Georgia carecía de legitimación activa para demandar. Hall retiró a Georgia del caso y lo transfirió a Misuri, declarando que Misuri tiene “clara legitimación” porque dirige una agencia casi estatal que perdería ingresos por el servicio de préstamos federales si se eliminan las deudas.
El 3 de octubre, el juez de distrito de EE.UU. Matthew Schelp en Missouri concedió una medida cautelar solicitada por los seis estados restantes para bloquear cualquier cancelación de préstamos estudiantiles mientras continúe el litigio.
“Al sopesar el daño y el perjuicio, junto con el interés público, esta corte llega fácilmente a la conclusión de que debe dictarse una medida cautelar”, dijo Schelp en aquel momento. “El público tiene un inmenso interés en que su propio gobierno cumpla la ley”.
En respuesta a ese fallo, el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, dijo en un comunicado a principios de este mes que el juez reconocía acertadamente que “Joe Biden y Kamala Harris no pueden cargar a los estadounidenses trabajadores con deudas de la Ivy League”.
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