El acceso a todos los archivos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estado de Guerrero, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, se abrirá por dos meses a madres y padres de los estudiantes, informó este viernes el Gobierno de México.
En un comunicado emitido por la oficina de la Presidencia se precisó que la apertura a todas las fuentes de información disponibles del Estado mexicano se dará del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
En el texto, el gobierno apuntó que «comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia», en la citada fecha, «abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos».
La resolución del caso Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien finaliza su mandato en septiembre de 2024 y ha reconocido que es una de sus promesas incumplidas pese a defender los avances en la investigación.
La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció en 2022 que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado.
Pero la polémica creció este año tras la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación por el rol que tuvieron los militares.
En el comunicado se indicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, informó de la decisión mediante una carta entregada a madres y padres de los 43 estudiantes.
«Estamos conscientes de que ustedes han manifestado la exigencia de que el Gobierno entregue información que refieren ‘no se ha entregado’, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional», se apuntó en la carta.
El funcionario dijo que el actual gobierno «ha actuado con total transparencia y se ha entregado toda la información que se ha solicitado», como se ha informado por escrito y de forma directa.
Pero ante las reiteradas solicitudes de información, López Obrador, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, «instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos».
Sin embargo, dijo que «es importante que los procesos no se alarguen por tiempo indefinido, por lo que se ha establecido un plazo para que tengan acceso a los archivos referidos del 4 de enero al 4 de marzo del mismo año».
Además, les reiteramos la permanente disposición al diálogo directo y al trabajo coordinado, y dijo que este gobierno «tiene un compromiso con la verdad y la justicia, y no tiene nada que ocultar».
El pasado 9 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México que rompa «el pacto de silencio» de las autoridades que impide resolver el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y enjuiciar a los responsables del caso.
Así lo expresó la comisionada de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, durante una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador «va en picada» por las presiones del Ejército.
«Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas», lamentó Arosemena.
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