El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó este viernes por decreto poner en marcha el proceso de venta de unos 1200 bienes inmuebles del Estado, por un valor de 800 millones de dólares, que su gobierno considera innecesarios.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado impulsar «los procedimientos de enajenación de los inmuebles».
El decreto excluye a un puñado de propiedades en Argentina y aquellas que se encuentran situadas fuera del territorio nacional.
Si bien la resolución incluye un anexo con el detalle de unas 300 propiedades a vender, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó en una rueda de prensa que el total de inmuebles a enajenar alcanza la cifra de 1200.
«Se van a subastar más de 400 inmuebles y se van a poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de 800 millones de dólares», señaló Adorni.
Los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluye propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios y terrenos sin construcciones.
Adorni precisó que entre los inmuebles a la venta está la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que disolvió Milei, valorada en 12.5 millones de dólares.
«Además de las 400 propiedades que se subastan, también se impulsa la venta de los inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico», sostuvo Adorni.
Las primeras subastas de edificios públicos se harán antes de finales de este año.
La medida se inscribe en las políticas de severo ajuste que el gobierno de Javier Milei lleva adelante para achicar el Estado y lograr el equilibrio en las cuentas públicas.
En el decreto se alega que, en función de las medidas para dar mayor eficiencia, «se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión».
Según el Gobierno, «mantener ociosos» los inmuebles considerados «innecesarios para la gestión» del Estado «genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación».
Como parte de su política para achicar el peso del Estado, el Ejecutivo de Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.
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